Por la libertad de expresión y el fin de la violencia en Irán

Desde la proclamación de los resultados fraudulentos de las elecciones presidenciales, el 12 de junio de 2009, cientos de miles de manifestantes desafían el orden establecido en Irán. Expresan su deseo ardiente de ejercer la ciudadanía, se rebelan contra el fraude electoral y la supresión de las libertades. Y se enfrentan al terror de múltiples rostros desencadenado desde ese momento contra ellos. A las fuerzas de seguridad ya existentes -la policía, los pasdarán y los basiyís- se han añadido agentes de paisano, provistos de armas blancas y armas de fuego, que asaltan las concentraciones pacíficas para matar y herir a los manifestantes. Las viviendas privadas y los campus universitarios son objeto de ataques día y noche. Las prisiones son escenario de torturas y violaciones. Los tribunales dictan condenas a muerte después de juicios sumarísimos. El arsenal judicial de medidas de excepción se ha perfeccionado.

Sin embargo, pese a los miles de detenciones, las condenas y las confesiones mediatizadas de presuntos arrepentidos, el movimiento de protesta popular no cede a las amenazas. A pesar de que las libertades políticas fundamentales son inexistentes, el movimiento se despliega a la menor ocasión y demuestra la superioridad de su estrategia no violenta. El Gobierno iraní, que contaba con que se agotaría, se topa cada día con nuevas oleadas, que emplean lemas cada vez más radicales y apuntan cada vez con más claridad a la estructura teocrática del régimen iraní.

No es extraño, pues, que hoy, en este contexto, una nueva ola de represión sangrienta esté amenazando a la sociedad civil iraní. Los intelectuales y los demócratas de todo el mundo deben ofrecer una respuesta inmediata y hacer todo lo que esté en su poder para proteger al pueblo iraní que lucha por sus derechos legítimos. La violencia sólo puede desencadenarse en la medida en que la opinión pública internacional permanezca inmóvil o indiferente.

Por ese motivo, los abajo firmantes reafirman su apoyo de principio a la libertad de prensa y de expresión, exigen la liberación de los intelectuales, periodistas y militantes encarcelados y torturados en Irán y, más en general, el fin de la represión que priva al pueblo iraní de su derecho a la autodeterminación política, y piden inmediatamente a los organismos internacionales competentes que reiteren estas exigencias de forma permanente al Gobierno iraní.