_
_
_
_
_
ESTA SEMANA
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Deberes

Ha llegado el momento de hacer los deberes en materia de reducción del gasto público y, también, en la lucha contra la economía sumergida, aspecto éste ultimo, en alza, ya que las estimaciones del Ministerio de Economía señalan que casi uno de cada cuatro euros que hay en circulación escapa del control de Estado. En cuanto al recorte en el gasto, en la Consejería de Economía ya cuentan con el Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno central, un texto remitido a comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones y que tienen como objetivo final aplicar un ahorro fiscal de 50.000 millones de euros. Buena parte de esa importante cantidad de recursos tendrá que asumirla el Estado pero el resto de instituciones también ha de contribuir a lograr en el plazo de tres años a alcanzar dicho objetivo. En el Gobierno andaluz la consigna está dada: salvo en sanidad, educación y servicios sociales, en las demás áreas se aplicará la tijera, por lo que ahora será cuestión de conocer el impacto concreto que tendrá esta medida en cada una de las consejerías.

De todas formas, no basta con esta actuación. Al cierre del grifo del dinero público debe incorporarse la lucha contra la economía sumergida. Precisamente, esta semana se reanuda la actividad parlamentaria con una sesión de control al gobierno en donde IU reclamará explicaciones sobre las medidas que, en este sentido, se están adoptando. Y aquí ya se está haciendo algo al respecto. De hecho, según datos facilitados por el consejero de Empleo, Antonio Fernández, sólo en el año pasado se llevaron a cabo más de 43.000 actuaciones de la Inspección Laboral que provocaron una consecuencia inmediata y es que se produjeron unas 10.000 altas de trabajadores a la Seguridad Social. Para este ejercicio se contemplan unas 65.000 inspecciones dentro de un plan, consensuado con los sindicatos, que se adapta a las singularidades del mercado de trabajo de cada una de las ocho provincias andaluzas. Está bien que gracias a los de Diego Valderas se ponga el foco en el reinicio del curso parlamentario en este fenómeno que habla de cómo algunos sacan provecho de las difíciles circunstancias económicas que estamos atravesando, pero es necesario también que se sepa que parte de la tarea ya se está acometiendo aunque, lógicamente, se requerirá un mayor esfuerzo por parte de todos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_