Un proceso judicial lleno de escollos

El pasado 4 de junio, el ex alcalde de Getaria por el PNV Mariano Camio se presentó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Azpeitia como principal acusado en el caso Balenciaga. Sus primeras palabras nada más entrar en el juzgado fueron: "El que tiene tranquila la conciencia entra tranquilo a un juzgado". El ex edil peneuvista se enfrenta a una querella criminal interpuesta en 2008 por la Fiscalía de Guipúzcoa por falsificación de documentos, engaño y uso indebido de dinero. Una trama de corrupción rocambolesca y con tintes de novela. A partir de ahí, el Ministerio de Cultura, la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno vasco, como miembros de la sociedad Berroeta Aldamar, decidieron sanear las cuentas y la imagen de un museo que iba a la deriva.

La investigación sigue paralizada hasta que no declare Argilagos

La denuncia destaca que durante los años de gestión para la construcción del museo Camio, quien ganó en 1983 las elecciones municipales y gobernó 16 años en el Ayuntamiento de Getaria hasta que lo dejó para dirigir la Fundación Balenciaga, cometió numerosas irregularidades, entre ellas, importantes desvios de fondos. A principios de 2007, se destaparon los primeros fraudes y que el presupuesto se había triplicado hasta alcanzar los 18 millones de euros.

La fiscalía imputó además al arquitecto cubano Julián Argilagos, autor del proyecto del nuevo museo y pareja sentimental del ex alcalde, quien supuestamente se benefició de las corrupciones y los desvíos de dinero. El también cubano Rolando Paciel, quien tras la marcha de Argilagos a Miami (Florida, EEUU), se encargó de supervisar el trabajo de su compatriota, también fue llamado a declarar.

Según publicó EL PAÍS en su día, el pago que Argilagos recibió por el proyecto museológico superó en cuatro veces su coste, pese a que el arquitecto cubano no había homologado su título en España. Por eso, la fiscalía le imputó además un delito de intrusismo. El Ministerio de Cultura realizó un informe en el que desautorizaba el proyecto como inservible para una institución museística.

Camio ocultó los documentos a la fundación y a la sociedad Berroeta Aldamar, gestora del museo, según recogió la comisión investigadora que se formó en el Parlamento. El ex edil peneuvista firmó incluso un tercer contrato a Argilagos en el que le eximía de sus compromisos, salvo el de supervisión, que recaía en Paciel, aunque le autorizaba a realizarla desde EE UU, sin por ello reducir sus honorarios (cobró 1,3 millones de euros).

La investigación sigue hoy abierta, aunque está paralizada hasta que no declare Argilagos, quien según el Tribunal Superior vasco, se encuentra en "proceso de localización de paradero y no se le puede enviar la cita para declarar". Una pieza clave para desenmarañar la etapa más turbia de la puesta en marcha del museo a la que muchos sueñan con dar carpetazo.