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El sucesor de Víctor Bravo dice desconocer el 'caso Glass'

El País

El ex director de la Hacienda de Guipúzcoa Iñaki Rica aseguró ayer a los miembros de la comisión de investigación del caso Glass que mientras estuvo en el cargo no tuvo conocimiento de las supuestas irregularidades cometidas por la empresa catalana Glass Costa Este Salou, en las que podría estar implicado su antecesor en aquel puesto, el ex senador del PNV Víctor Bravo. La comparecencia de Rica en la comisión se prolongó durante más de dos horas, aunque no pudo aportar información sobre el supuesto fraude que se investiga en los tribunales.

Rica abrió la fase política de las comparecencias ante la comisión de investigación, en la que han declarado hasta ahora los funcionarios de la Hacienda foral. Los miembros de la comisión solicitaron información a Rica sobre las actuaciones de Bravo al frente del fisco guipuzcoano y si éste se arrogaba competencias recaudatorias de forma irregular. Rica dijo desconocer si Bravo se excedía en sus funciones y recalcó que nunca revisó actos administrativos previos. También fue preguntado por el régimen especial fiscal al que se acogió Glass Costa Este Salou.

La trama del caso Glass, según la denuncia presentada en junio pasado por la Fiscalía, causó unos perjuicios económicos a la Hacienda estatal de 2,1 millones de euros. Según el Ministerio Público, la empresa catalana Glass Costa Este Salou falseó su domicilio en San Sebastián, cuando no tenía actividad alguna en la provincia, para acogerse a "cuantiosos beneficios fiscales" durante al menos tres ejercicios.

'Caso Irún'

La comisión recibirá hoy al diputado de Hacienda entre 2003 y 2007, Juan José Mujika, y al director de Política Fiscal que trabajó junto a Bravo durante el periodo 1991-2003.

Por otro lado, el ex responsable de la oficina tributaria de Irún, José María Bravo, principal imputado en el fraude millonario a la Hacienda guipuzcoana, declaró el pasado miércoles ante el juez que instruye este caso para dar su versión sobre la venta de su chalet de Urrugne (Francia) por 1,25 millones de euros.

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Bravo vendió el inmueble poco después de conocer su imputación como cerebro de la trama que defraudó, según la investigación judicial, casi ocho millones a las arcas públicas y se habría apropiado de casi 1.800.000 euros de contribuyentes morosos. Bravo, que hasta ahora se había negado a declarar en dos ocasiones, aseguró esta vez al juez que el contrato de compraventa estaba firmado en abril de 2007, antes de ser imputado. Para evitar ser acusado de alzamiento de bienes, aseguró que si hubiese querido eludir la acción de la justicia se habría declarado insolvente.

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