La Fiscalía abre 42 investigaciones en un mes por delito urbanístico

La Fiscalía de Valencia ha abierto 42 diligencias de investigación penal por posible delito urbanístico durante el mes de enero. Lo ha hecho después de conocer los expedientes sancionadores que tenían 45 ayuntamientos por construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable de uso común y que dieron a conocer el pasado 31 de diciembre después de que se lo solicitara expresamente el ministerio público.

Los expedientes sancionadores son obligación de los ayuntamientos y tienen una vida máxima de cuatro años. Pasado ese tiempo, la infracción prescribe: la casa no se puede derribar. Montroi, cuyo ex alcalde Javier Carrión (PP) fue detenido el pasado miércoles junto a otras seis personas (dos ingenieros y cuatro empresarios, que no un notario como inicialmente se dijo) por supuesto delito urbanístico y prevaricación, fue uno de los municipios que no contestaron a las peticiones realizadas en el último año por la Fiscalía de Valencia.

92 corporaciones han afirmado no haber iniciado ningún expediente

De hecho, entre la documentación incautada, según fuentes de la investigación, hay expedientes que han prescrito. Y por ello se investiga también la actuación del actual alcalde, el socialista Antonio Polo. La Guardia Civil finalizó ayer el decomiso de toda la información que había en las dependencias del consistorio. Y entre hoy y mañana, previsiblemente, los detenidos serán puestos a disposición judicial. En el centro de la causa: 77 chalés, sobre todo vendidos a británicos, escandinavos y alemanes, que compraron, en el mejor de los casos, una participación de una parcela indivisa, y así lo firmaron algunos ante notario, en lugar de una vivienda.

Catorce ayuntamientos ignoraron el requerimiento de la Fiscalía de Valencia de poner en su conocimiento los expedientes administrativos abiertos desde 1994 por construcciones ilegales en terreno rústico no urbanizable de uso común. Son municipios, entre ellos Montroi, ubicados en las comarcas del interior de Valencia, especialmente en Los Serranos, La Vall d'Albaida, El Rincón de Ademuz o El Camp de Túria.

La gran mayoría de los municipios sí respondió. Y 92 localidades, el 40%, asegura no haber abierto ni un expediente. La Fiscalía tiene serias dudas respecto de la sinceridad de estos últimos. No, obviamente, en aquellos casos en los que el total del suelo municipal es urbano.

Por las dudas, la Fiscalía dio hace medio año un paso más y solicitó a la Guardia Civil que vigilara especialmente a una veintena de localidades.

El tráfico de información arroja una cifra provisional que da una dimensión de la realidad de la ilegalidad en la construcción en terreno rústico no urbanizable de uso común: 4.476 expedientes abiertos por 157 municipios entre 2005 y 2008. Y falta por saber la información correspondiente al 60% de los municipios. Es lógico pensar, y así lo hace la sección de medio ambiente y ordenación del territorio, que son muchos más los casos aún por destapar.

La razón de esa ilegalidad parece estar, y así lo señala la Fiscalía en un análisis sobre la situación de la construcción ilegal en suelo rústico no urbanizable, en la dejación de los ayuntamientos, más que en su ignorancia de la norma a cumplir. De hecho, el ministerio público puso hace ya meses a disposición de la Federación Valenciana de Municipios un documento en el que se recogían detalladamente las competencias de las corporaciones locales (sancionar y comunicar la infracción a la Fiscalía) así como el catálogo de infracciones penales y sus penas en caso de no cumplir con esa obligación.