El rector pide una ley específica "si no se quieren presos de ETA en la UPV"

"Si el objetivo es que los presos de ETA no se matriculen" en la la Universidad del País Vasco (UPV) debe aprobarse una ley específica para ello. Con esta rotundidad, el rector de la universidad pública, Iñaki Goirizelaia, defendió ayer en el Parlamento el derecho de los reclusos a elegir la universidad en que quieren estudiar. Por ello, la UPV ya ha presentado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que había anunciado para velar por la "autonomía universitaria", que una sentencia del pasado mes de abril del Tribunal Supremo, a su juicio ha negado a la UPV.

El rector compareció ayer en la comisión de Educación de la Cámara vasca para explicar por qué ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional después de que el Tribunal Supremo anulara en abril de 2009 el protocolo que permitía la matriculación en la UPV de los presos encarcelados en el extranjero. Goirizelaia destacó, como ya dijo en su día, que el fallo del Supremo limita la autonomía universitaria que establece la Ley Orgánica de Universidades, un aspecto que el tribunal niega de plano, y basó su razonamiento sobre la petición de amparo en este punto.

La UPV no cuenta actualmente con ningún preso entre sus alumnos

Desde que se reformó en 2003, la Ley General Penitenciaria establece que los presos se pueden matricular para seguir un curso a distancia (UNED) o en aquellas universidades que tengan firmado el correspondiente convenio con Instituciones Penitenciarias. Al no lograr cerrar ese convenio necesario con Instituciones Penitenciarias para matricular a los reclusos en sus facultades, la UPV estableció en 2004 un protocolo propio por el que matriculaba a presos internos en el extranjero, en su mayoría etarras recluidos en Francia, especificó Goirizelaia. Ante la anulación del protocolo, "hemos actuado de acuerdo con la ley", recalcó el rector. La UPV ya no tiene presos entre su alumnado.

Sin embargo, "un convenio no puede ser el garante de la actividad académica en una universidad", criticó el rector. Goirizelaia destacó la "coherencia" de la UPV en este ámbito, ya que él y sus dos antecesores (Manuel Montero y Juan Ignacio Pérez) enviaron un total de seis escritos a Instituciones Penitenciarias para llegar a un acuerdo y firmar el convenio necesario. "Intentamos restaurar la situación anterior", explicó, y destacó el derecho a elegir universidad y los fundamentos de reinserción de reclusos.

"Este rector no defiende que un alumno quiera o no matricularse, sino el derecho a la autonomía", aclaró Goirizelaia. La tesis de basar el recurso de amparo al Constitucional sobre una invasión de la autonomía universitaria fue rechazada por el popular Ramón Gómez y el socialista Vicente Reyes.

A juicio de este último, si la normativa se inmiscuyese en el espacio universitario, otras universidades y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) hubiesen tomado cartas en el asunto. "Y no lo han hecho", precisó. La solución, ya planteada por el Parlamento en 2009, pasa por ofertar estudios en euskera en la UNED, donde la mayoría de los docentes actuales provienen de la UPV. Jesus Mari Larrazabal, de EA, adelantó, sin embargo, que "la UNED no va a ofertar carreras en euskera". A juicio de Reyes, otra solución factible sería crear un convenio marco entre la CRUE e Instituciones Penitenciarias que pudiese facilitar los acuerdos posteriores de las universidades con esta institución.

Gómez destacó que "no están hablando de la población reclusa en general, sino de los presos de ETA", aunque aceptó que puedan estudiar en la universidad "incluso los terroristas".

Su crítica se amplió a los beneficios que los presos han tenido en el pasado, tales como los tribunales de evaluación específicos o las convocatorias de examen extraordinarias. A este respecto, el rector recordó que la universidad ya realizó un informe en 2004 sobre esos hechos.