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Reportaje:

Un carrito en el juzgado de Negreira

La Xunta envía una bolsa con ruedas para ahorrarse pagar un servicio postal

"Es como el carrito de mi abuela", bromea una trabajadora del Juzgado de Negreira cuando se le pregunta por el dispositivo de última generación que ideó la Xunta para solucionar el problema que arrastraban aquí con los envíos postales. El carro de la compra lleva desde antes del verano en el archivo, pero todavía luce las ruedas blancas porque, en realidad, en Negreira nunca lo usaron.

Los funcionarios sabían que la juez, Raquel Fernández, había coincidido en la presentación de un libro con el director general de Xustiza, Juan José Martín, y que ella aprovechó la ocasión para llorarle un poco, la única forma que tienen los jueces de pueblo para ir rascando medios materiales. La juez describió al representante de la Xunta las dificultades que tenían sus trabajadores para llevar a la oficina de Correos la cantidad (bastante voluminosa y pesada, entre cinco y ocho kilos) de citaciones y pleitos de varios tomos que empachan este juzgado de la provincia de A Coruña, y éste le respondió que miraría el asunto. Efectivamente, lo miró. Y pasado el tiempo, un día por sorpresa llegó al Juzgado el regalo de la Xunta: la bolsa con ruedas de ir a la plaza. Lo cierto es que se llevaron una decepción, porque en Negreira hubieran preferido algún tipo de dieta para el funcionario que se prestase a trajinar el papeleo; o al menos que la Xunta pagase a final de mes la gasolina del que pone el coche.

Un alto cargo mandó personal a medir la distancia en metros con Correos

La Administración gallega envía interinos que no saben informática

El problema radica en la distancia que separa la oficina de Correos del edificio en el que se administra la Justicia. Entre un inmueble y el otro hay 700 metros de aceras y asfalto. Setecientos que son 1.400 con la ida y con la vuelta. Lo saben porque lo mandó medir Miguel Formoso, responsable de medios personales de la Dirección Xeral de Xustiza. Si fueran algunos metros más, el Juzgado nicrariense estaría salvado.

Tendría derecho a que la Xunta le pagase el servicio de cartero de ida y vuelta, un convenio con Correos por el que la empresa pública, además de llevar las cartas, recoge los sobres y paquetes generados por los juzgados. Pero como no es así, y el carro, según el personal de Negreira, no es la solución, últimamente es la juez quien se encarga de hacer los viajes a Correos en su propio utilitario.

Aunque ésta no es la única queja que tienen los trabajadores del Juzgado de Negreira para con la Xunta. Sus números son semejantes a la suma de los dos juzgados de Noia. En 2009 entraron más de 700 asuntos civiles (cien más que el año anterior) y se doblaron los exhortos. El partido judicial abarca Negreira, Santa Comba, A Baña y Brión, y el personal no da abasto. Mientras se atienden las causas penales o los urgentes casos de violencia de género, quedan aparcados los expedientes de adopción o los de nacionalidad para inmigrantes, y se acumulan las minutas sin transcribir porque faltan manos. Los usuarios, después, presentan quejas, y eso se traduce en más tiempo perdido, porque el juzgado debe responder de ellas por escrito ante los órganos de control de la Justicia.

"En la Xunta meten las peticiones en un cajón porque dicen que no hay dinero", protesta un trabajador, "pero aunque la Xunta es quien tiene que aportar los medios, quien exige resultados y nos manda las inspecciones es el Tribunal Superior. La cabeza va por un lado y el cuerpo por otro, y mientras, nosotros, a aguantar y callar, estresados y con una enorme sensación de impotencia".

En una de estas inspecciones, el Superior emitió un informe en el que concluía que Negreira soportaba mucha carga de trabajo y precisaba de dos funcionarios más para seguir adelante. La Xunta, en vez de dos, mandó uno. O mejor dicho, una. Una trabajadora que no tenía "experiencia ninguna pero que ahora, después de casi dos años, está formada y ayuda mucho". La prepararon sus propios compañeros, con paciencia y muchas horas de dedicación, aunque su puesto para nada está asegurado, porque la Administración gallega le renueva contrato cada tres meses. Gracias a este refuerzo, en Negreira, además de la juez y el secretario, trabaja una plantilla de seis funcionarios que realizan tareas que no les corresponden y por las que tampoco cobran. Mientras tanto, para cubrir una baja, hace una semana la Xunta envió a un oficial licenciado en derecho que, sin embargo, no sabe informática y teclea con dos dedos. Cobra más que los demás, pero los de abajo tienen que instruirlo.

"Aquí, para sacar adelante el día a día, dependes de la buena voluntad de los compañeros", comenta una funcionaria. Tino, por ejemplo, pertenece al cuerpo de Tramitación, por debajo del de Gestión, y aunque no le toca se está encargando de los asuntos penales. Lleva siete años de interino, pero está considerado por sus superiores "el alma del juzgado". Sin embargo, en septiembre, se incorporará la persona de baja a la que está sustituyendo y tendrá que marcharse. Todo porque hay un decreto de la Xunta que obliga a destituir al interino de más antigüedad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de febrero de 2010