El Consejo de Estado niega al Consell capacidad para legislar sobre el 'parany'

La legislación básica sobre protección del medio ambiente es competencia exclusiva del Estado. En esa protección del medio ambiente se incluye la conservación de la biodiversidad y, por tanto, la de aves silvestres. Así lo recoge el informe del Consejo de Estado solicitado por el Gobierno como medida previa a la presentación del recurso de inconstitucionalidad que anunció el Ejecutivo contra la modificación de la Ley de Caza del Gobierno valenciano, con la que pretendió legalizar, con el apoyo del PSPV y del Bloc, este método cinegético tradicional.

El Consejo de Estado concluye que existen "fundamentos jurídicos suficientes" y valora la consideración del Ministerio de Medio Ambiente que considera que la Ley de Caza valenciana "vulnera las competencias básicas estatales". Además, no hace falta que exista plena certeza científica sobre el riesgo de la práctica de la caza con parany para el medio ambiente para que el sistema sea desechado.

Ésta es otra de las premisas valoradas en el informe del Consejo de Estado que considera que debe prevalecer el "principio de precaución" para la protección de la naturaleza, incluido en tratados internacionales y en el derecho español, que considera que se debe actuar en "aras a la reducción de los posibles riesgos ambientales" con el fin de cumplir el artículo 45 de la Constitución Española, que hace alusión a que son los poderes públicos los que deben velar por "la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente".

El informe reitera que la caza con parany es una práctica no selectiva por la utilización de la liga (pegamento), un método expresamente prohibido en la directiva europea y en la ley estatal. El escrito describe el sistema y hace alusión a un informe del Ministerio de Medio Ambiente en el que dice que "las aves que son atrapadas pertenecen a multitud de especies, por lo que no es selectivo en su principio ni en su método de aplicación".El preámbulo de la nueva Ley de Caza valenciana cita, como argumento para validar la modificación de la normativa y legalizar el parany, la existencia de varios estudios científicos que certifican la adecuación de este sistema de caza a la directiva europea y a la ley estatal. El informe del Consejo de Estado, solicitado para la presentación del recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno, sostiene que dichos estudios no se conocen "por no haber sido remitidos por los promotores". Además, añade que tampoco "se tiene constancia de que tales informes hayan sido publicados en ninguna revista o publicación de referencia".

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaron sentencias que declaraban ilegal este sistema de caza por tratarse de un método no selectivo, ya que en las trampas que se utilizan caen todo tipo de aves. Tras la publicación de estos fallos judiciales, el colectivo de paranyers anunció la elaboración de informes que rebatían esta consideración y que avalaban que, con la utilización de un nuevo adhesivo, con el que se impregnan las varas que componen las trampas, la caza era selectiva, puesto que se podía liberar a aquellas aves protegidas.

El Consejo de Estado hace referencia a que no existe garantía científica de que la aplicación de los disolventes que existen en el mercado sobre las aves capturadas "no produzca daños relevantes a éstas". Además, expone que tampoco existe ningún estudio que "detalle el tiempo necesario para la limpieza del ave que no sea objetivo de captura" y que, de igual forma, detalle la pericia para la realización de esta actividad o los efectos que el uso de la liga genera en las alas de estas aves.

En cualquier caso, se ha valorado la posibilidad de que se libere a las especies protegidas capturadas en el parany y, tal como recoge el Consejo de Estado refiriéndose a un informe del Ministerio de Medio Ambiente, "el efectivo cumplimiento de la obligación de liberar a las especies capturadas accidentalmente supondría un esfuerzo de inspección y control muy elevado".

La permisividad del Gobierno para con la modificación de la Ley de Caza valenciana podría conllevar una sanción de la Comisión Europea ya que, tal como indica el Consejo de Estado, ésta ya ha advertido, aunque de momento de manera "informal", de la posible infracción por no ejecutar la sentencia del tribunal europeo.