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COLUMNA

Menores

Que el PP aproveche una noticia tan desgraciada como que El Rafita anda descontrolado para abrir un debate sobre la cadena perpetua o la Ley del Menor es un recurso tan tramposo que lo más sabio que podría hacer un columnista es no meterse en ese fango. Pero hay que hablar de lo que no se debe. La sensación es que las instituciones, estatales y autonómicas, están poniendo todo su empeño en que a ojos de la sociedad la reinserción sea una tarea imposible. Un menor que ha cometido un acto de extrema vileza merece un castigo severo pero también una reeducación. No sólo por él, es un derecho de la sociedad. Eso cuesta dinero. Encauzar la vida de un menor es caro, se precisan grandes profesionales; más fácil sería encerrarlo para siempre o incluso, defienden algunos, eliminarlo. En Estados Unidos no se andan con tonterías. Como resultado, han logrado una población carcelaria desproporcionada que se nutre, en su gran mayoría, de negros de clase baja. Desalentador.

Y aquí tenemos a nuestro país, con una Ley del Menor que a juicio de los expertos no es mala pero que se convierte en ineficaz porque no se cumple. Que un adolescente que cometió un crimen atroz haya vuelto a su entorno es un fracaso del que tienen que dar cuenta las instituciones penitenciarias y la Comunidad de Madrid. El hecho de que quienes debían vigilarle no lo hicieran y además se haya permitido reiteradamente que los medios de comunicación informaran de su paradero pervierte el proceso de reinserción social. ¿Tan ingenuo es pensar que dada la enorme flexibilidad del cerebro es posible enseñar a un adolescente lo que nadie se molestó en inculcarle en sus primeros años de vida? ¿Quién puede creer que sólo el castigo enseña?

Justicia no puede defender una ley que no está dotada como merece; la derecha no puede criticar una ley que no se cumple. Qué desastre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de febrero de 2010