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Declara seis horas el novio de una prostituta forzada a abortar

El ginecólogo sufre una crisis nerviosa en el Juzgado

El vecino de Lugo Alberto P.C. prestó declaración ayer por la tarde durante unas seis horas ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara. El joven era pareja de una prostituta boliviana de 23 años que ejercía en el club Queen's y que hace unos días denunció que fue obligada por éste, y por sus jefes en el burdel, a abortar en penosas condiciones en una clínica de la ciudad. Según fuentes relacionadas con la Operación Carioca, que investiga una trama mafiosa en varios prostíbulos lucenses, Alberto P.C., español, no deseaba que naciese ese niño y tenía amistad con los proxenetas del local en el que trabajaba la mujer.

Anoche, el hombre seguía prestando declaración, y mientras, en los calabozos del Juzgado, esperaba el ginecólogo Carlos Abuín Mosteiriz, propietario de la clínica del centro de Lugo en la que se interrumpió ese embarazo. El médico, en realidad, fue el primero en ser llamado a declarar, a partir de las diez de la mañana de ayer, pero pasado el mediodía se encontró indispuesto, fue reconocido por el médico forense y terminó siendo trasladado a Urgencias en una ambulancia escoltada.

Según su abogada, Abuín, que es "diabético, hipertenso, superó ya varias anginas de pecho" y tiene 62 años, se sintió mal al sufrir una crisis nerviosa, y hasta media tarde no regresó del hospital. Entonces, volvió a aguardar en el calabozo. El ginecólogo ya ingresó en Bonxe en noviembre por orden de esta magistrada, aunque luego fue liberado sorpresivamente por la Audiencia Provincial, en contra del criterio de la juez y del fiscal. Ahora también se enfrenta, según un portavoz oficial del Colegio de Médicos de Lugo, a una posible suspensión de la licencia para ejercer. Después de los truculentos relatos aportados a la investigación por mujeres que fueron obligadas a abortar incluso con amenazas de muerte, "la comisión deontológica del colegio tomará pronto una decisión".

Abuín se acogió al derecho a no declarar, como hicieron ya varios de los encarcelados por este caso. Mientras tanto, las prostitutas han coincidido ante la juez al describir la precariedad en la que fueron forzadas a abortar. Supuestamente sin anestesia, con prácticas primitivas y equipo quirúrgico averiado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de febrero de 2010