El hombre que escondió a Maruja Sánchez, vinculado al 'caso Polop'

La conexión Polop-Benidorm es una de las vías de investigación que permitieron a la Guardia Civil avanzar en el esclarecimiento del asesinato de Alejandro Ponsoda, el alcalde de Polop abatido a tiros a la puerta de su casa la noche del 19 de octubre de 2007. Una conexión en la que Damián Giménez Fuster juega un relevante papel. Apodado Paco América, es un personaje conocido en los ámbitos del PP en la comarca de La Marina por su participación en la moción de censura que en 1991 dio a Eduardo Zaplana la alcaldía de Benidorm. Giménez fue el encargado de esconder a la tránsfuga socialista Maruja Sánchez por media España durante casi un mes. La conexión también afecta a los sicarios que perpetraron el crimen, que frecuentaban Benidorm. En esa ciudad está el club Mesalina, en el que supuestamente se planificó todo y del que los sicarios eran asiduos, y de Benidorm es el grupo inversor que promovía uno de los planes urbanísticos investigados en relación con la trama criminal que acabó con Ponsoda.

La conexión Polop-Benidorm es una de las vías de la investigación

La Guardia Civil siguió durante un tiempo los pasos de Giménez tras indagar en el tráfico de llamadas del teléfono de Juan Cano -sucesor del alcalde asesinado- cuando empezó a sospechar que este último podía ser el autor intelectual del asesinato. Cano, ahora encarcelado, y Giménez, negaron su relación ante la policía. Cano dijo conocerlo de "hola y adiós" y Giménez declaró haber visitado a Cano en Polop sólo para interesarse por "una pinada". Sin embargo, entre el 3 y el 20 de septiembre de 2007, el mes anterior al crimen, se cruzaron 13 llamadas. Y la misma noche del crimen, la única llamada que hizo Cano, entonces edil de Urbanismo, fue a Paco América.

En 2007, Cano utilizaba los servicios de Damián Giménez -quien en el interrogatorio dijo dedicarse a la intermediación inmobiliaria- bien en negocios vinculados a sus intereses urbanísticos, bien para escrutar en la vida personal de Ponsoda. El que Cano y Giménez negaran la estrecha relación que se deducía de sus llamadas telefónicas y el hecho de que no volvieran a ponerse en contacto hasta seis meses después del crimen llevó a la Guardia Civil a investigar al segundo.

En tiempos de la moción de censura de Benidorm, en 1991, Cano ya era concejal en Polop. Siempre intentó estar cerca del zaplanismo, junto con su compañero y amigo Joaquín Montiel, quien desde entonces preside el PP local. Prueba de su fidelidad zaplanista es que ni Julio de España, aunque relegó a ambos hasta las últimas posiciones de la lista electoral de 2003 por una grabación en la que ambos extorsionaban a un promotor, ni José Joaquín Ripoll, que sucedió a De España en el partido y en la Diputación, acabaron políticamente con ellos.

Entre 2003 y 2007, en que, al igual que Cano, no fue concejal, Montiel trabajó de asesor de la Diputación, amparado por Sebastián Fernández -regidor del PP de Benidorm y por entonces coordinador comarcal del partido-, que había trabajado con Maruja Sánchez antes de dedicarse a la política.

En su declaración, Montiel intentó desviar la atención de la Guardia Civil mencionando la vida privada de Ponsoda -y en este punto aludía al nombramiento de un joven asesor por parte del alcalde- y tratando de presentar una realidad diferente del PP en relación con su implicación en el caso por el que fue relegado en el partido. Y en este punto responsabilizó a Juan Manuel Cabot, destacado zaplanista, de que no hubiera repetido como concejal en 2003. Montiel le acusó de dirigir "un sector B" del PP en Polop.

Ahora, todo aquello del caso Polop que tenga que ver con los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y hasta blanqueo de capitales pasa a convertirse en un procedimiento penal distinto, que tramita ya otro juzgado de La Vila Joiosa. Las evidencias y pruebas acumuladas por la Guardia Civil se recogen en varios tomos que darán pie a otro juicio. La alcaldesa de Polop, María Dolores Zaragoza, se reunió el viernes con un abogado para preparar la personación del Ayuntamiento como parte perjudicada.