"Aquí mando yo"

Mamá! ¡Ayúdame! ¡No sé qué hacer!". En algún momento, Juan Cano escribió estas palabras sobre un folio en blanco sin sospechar que tiempo después lo encontraría la Guardia Civil durante un registro de su casa. Es un documento que no tiene carácter probatorio, pero que refuerza la hipótesis de los investigadores acerca de la personalidad atormentada de Juan Cano, alcalde de Polop de la Marina (Alicante) hasta el pasado mes de noviembre, cuando la Guardia Civil le detuvo como sospechoso de haber encargado el asesinato de su predecesor en el cargo, Alejandro Ponsoda -de quien había sido concejal de urbanismo-. Si Ponsoda no hubiera muerto, quizá Cano nunca habría sido alcalde.

Nueve agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la casa de Juan Cano en la madrugada del 23 al 24 de noviembre de 2009. Además del documento manuscrito, encontraron un plano con una línea trazada en azul que señalaba el camino de Polop hasta Xirles, la pedanía donde vivía y fue asesinado a tiros el entonces alcalde Alejandro Ponsoda, del PP, la noche del 19 de octubre de 2007. Cano sustituyó en la alcaldía a Ponsoda, y dos años después ha sido arrestado como autor intelectual del crimen.

Un testigo protegido, antiguo mercenario en África, desvela cómo Cano le citó para encargarle un asesinato

"No me votes", le dijo el alcalde Ponsoda a un vecino. Tenía miedo y no quería ganar las elecciones de 2007

Diferentes pruebas y testimonios recogidos en las diligencias previas del caso Polop demuestran que Cano posee una personalidad atormentada y contradictoria. Además era un político muy conservador. Un cargo público del PP de aquellos que llevan la bandera de España en el reloj y alternaba como politono de su teléfono el himno español con el de su partido. Era también un hombre que trató de curarse su adicción al alcohol y un vecino asiduo de los clubes de alterne, hasta el punto de que las diligencias instruidas -que entran en su vida privada-, detallan cómo su mujer sospechaba de sus andanzas e incluso pidió a otro concejal que la acompañara para sacar a su marido del club Mesalina.

Cano era asiduo del Mesalina. Los testimonios son rotundos en este aspecto. Pero a mediados de agosto de 2007, su visita llevaba otra intención.

Aquel día, Cano se encontraba en el club en compañía de Salvador Ros, un empresario del calzado vecino de Polop; uno de los propietarios del local (Pedro Hermosilla); el gerente del club (Ariel Gatto, uruguayo), y dos personas más, un hombre y una mujer rubia, no identificadas en las diligencias. Todos ellos se encontraban en un reservado. En un momento dado, Gatto, el gerente, mandó entrar a la habitación a uno de los dos testigos protegidos (TP) de la causa. Esa persona fue citada a esa reunión para recibir un encargo. La conversación, trascendental en este sumario, se produjo en síntesis así:

-¿Te gustaría hacer un trabajito?

-Claro, contestó TP, pensando que le iban a encargar el cobro de alguna deuda.

-Digo de los que hacías en África.

-Ya no me dedico a eso, dijo TP, quien durante una parte de su vida había sido mercenario en África.

-Hay mucho dinero de por medio.

-Entonces depende de lo que se trate.

A TP le explicaron que se trataba de matar a Alejandro Ponsoda, el alcalde de Polop, y que si quería hacerlo necesitaría armas.

-Hay muchas maneras de matar -dijo TP- y no necesariamente con pistolas.

Tras pensarlo brevemente, puso sus condiciones: lo haría por 35.000 euros. De ellos, 17.500 euros al contado, que en todo caso serían para él en el supuesto de que surgieran dificultades y no pudiera llevarlo a cabo. El resto debería ser ingresado en diferentes cuentas con importes de 900 euros.

La cantidad que solicitó TP les pareció excesiva. Entonces intervino Cano.

-El pago se hace en tres veces, y las condiciones las pongo yo.

A lo que Salvador Ros añadió:

-Si no paga Juan, tranquilo que pago yo.

El testigo protegido decidió desmarcarse del macabro plan que tramaba Cano para sustituir a Ponsoda al frente de la alcaldía de Polop, población situada a unos 10 kilómetros de Benidorm con más de siete millones de metros cuadrados por urbanizar.

Según el testimonio del testigo protegido, una vez que se negó a hacer el encargo, le pidieron la identidad de alguien que pudiera hacerlo. Y el testigo les dio tres nombres, los de Raúl Montero Trevejo y dos ciudadanos de origen checo, Robert Franek y Radim Rakowski, con antecedentes por posesión de armas y tráfico de drogas.

Los tres sicarios, supuestos responsables de la ejecución de Ponsoda, trabajaban juntos. Habían sido detenidos con anterioridad, en septiembre de 2006, tras una serie de denuncias por amenazas, coacciones y lesiones. En un BMW de Trevejo con placas británicas falsas, la policía halló una pistola; en el registro de su casa se incautaron de otras cuatro, dos cargadores y munición del calibre 7,65, coincidente con la que después sirvió para disparar al alcalde. También guardaba en casa medio kilo de cocaína.

Los dos checos quedaron libres, aunque en 2007 fueron encarcelados cinco semanas tras un registro del chalé donde se alojaban en La Cañada, una zona residencial próxima a Valencia. Habían sido contratados por un narcotraficante para vigilar entregas de mercancía. En el marco de la misma operación cayeron 14 personas de diferentes nacionalidades y en el chalé se encontraron cinco escopetas y dos pistolas Walter y Beretta con munición Lapua, también coincidentes con las armas y las balas del asesinato.

Los tres sicarios no eran unos desconocidos para el gerente del club (Gatto, que además se dedicaba a traer futbolistas de su país para probarlos en diferentes equipos de la localidad) y el empresario del calzado (Salvador Ros). Ros y Gatto se habían dedicado en alguna ocasión a la extorsión para cobrar deudas, según algunos interrogatorios policiales.

El testigo protegido decidió contar lo sucedido dos años después del asesinato. También detalló a la policía cómo hablaban en un pasillo del club los mismos implicados, ya con posterioridad al asesinato, de los problemas con el tercer pago que debía hacerse por el encargo del crimen.

Juan Cano no soportaba al alcalde Ponsoda. Nunca aceptó que Ponsoda hubiera conseguido cuatro mayorías absolutas para el PP y que se convirtiera en un hombre imprescindible para ganar las elecciones en Polop. Le presionó muchas veces para que dejara el cargo, según testimonios recogidos en el sumario, pero Ponsoda siempre se resistió. Y, con Ponsoda de alcalde, Juan Cano no tenía manos libres para manejar el urbanismo a su antojo.

Cano tuvo que dejar la política entre 2003 y 2007. El entonces presidente del PP provincial alicantino y actual senador Julio de España reunió un domingo de marzo en Alicante a todos los concejales de Polop, excepto a Cano y Joaquín Montiel. De España les explicó que ambos habían sido grabados pidiéndole dinero a un empresario a cambio de concederle unas licencias y que debían ser apartados. Fueron colocados en los dos últimos puestos de la lista electoral y salieron del consistorio. Pero Cano y Montiel controlaban la agrupación local del PP y en 2007 amenazaron con crear una lista propia si no volvían a ser incluidos. Y volvieron con la aquiescencia de la dirección provincial, ahora ejercida por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, enfrascado en la batalla interna entre zaplanistas y campistas.

La cuestión es que Cano no renunció a manejar el urbanismo local pese a estar fuera del consistorio. Los técnicos municipales siguieron despachando con Cano en su domicilio particular, desde donde pretendía organizarlo todo. "Aquí el alcalde soy yo", "aquí el que manda soy yo", "cuando yo vuelva, todo será como antes", son frases que le atribuyen a Cano numerosos vecinos.

Para entonces, el alcalde Ponsoda estaba hundido. "No me votes", le dijo a un vecino, pensando que lo mejor era no ganar las elecciones de 2007 para evitar sus consecuencias. A otra conocida del pueblo le llegó a confesar con lágrimas en los ojos: "Tengo mucho miedo y me va a pasar algo". Cano había organizado la campaña, había redactado el programa electoral, había obtenido los fondos y gestionado un préstamo de 60.000 euros para el partido. Cano lo había preparado todo. Pero quien ganaba las elecciones encabezando la lista era Ponsoda.

El denominador común de todos los problemas siempre ha sido el control del urbanismo. Cano había conseguido aprobar la homologación de los sectores del Plan General de Ordenación Urbana en marzo de 2003, para lo que había utilizado desde 1999 los servicios de un arquitecto técnico llamado José Vicente Martí.

Cuando trabajaba para el ayuntamiento, Martí creó en 2002 una empresa externa, Urbanismo e Ingeniería (UEI) la Marina, con la que tuvieron que trabajar todos los agentes con intereses urbanísticos. La aprobación de los proyectos dependía de los informes técnicos de Martí, íntimamente relacionado con Juan Cano. Y la Guardia Civil sospecha que los dueños de la empresa se enriquecieron ilícitamente. Martí fue despedido del ayuntamiento en 2005, pero Cano lo recuperó en 2007. La alcaldesa que le sucedió tras su ingreso en prisión, María Dolores Zaragoza, volvió a despedir a Martí al mes de tomar posesión.

Pero el gran interrogante urbanístico en Polop es la urbanización de una partida de suelo rústico llamada Matet, que ya preparaba Cano en 2003 y a la que se opuso tras su salida Alejandro Ponsoda, entre otras cosas porque detectó una gran oposición vecinal.

Un grupo inversor de Benidorm compró, entre 2003 y 2004, 650.000 metros cuadrados en Matet por más de tres millones de euros y presentó, junto con un constructor que le había vendido años antes a Cano diferentes inmuebles, la propuesta para urbanizar alrededor de un millón de metros cuadrados. Además, un conocido abogado de Alicante también había preparado un convenio para reclasificar otros 700.000 metros en la misma partida. Entre ambos incluían miles de viviendas. La primera propuesta fue llevada a pleno en mayo de 2005, pero no prosperó por la oposición de Ponsoda, el entonces concejal de urbanismo Juan Andrés Llorens y toda la oposición.

El regreso de Cano al consistorio impulsó de nuevo estos y otros planes. Se reunió con los responsables de la empresa que presentó la propuesta en 2005 y buscó asesoramiento externo para sacarlo adelante. La Guardia Civil grabó en el teléfono de Cano una cita en el ayuntamiento con ambos urbanizadores para agilizar trámites.

La actividad de Cano al frente del urbanismo de Polop motivará un segundo proceso. El 19 de septiembre de 2008, la Guardia Civil ya tenía indicios sólidos de la comisión de diferentes delitos, así que solicitó a la juez que instruía las diligencias del asesinato que abriera una pieza separada para "investigar la gestión urbanística irregular" por los posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios. Y al final, la juez María Antonia Raedo ha decidido deducir testimonio de las actuaciones practicadas y remitirlas a otro juzgado con el fin de incoar otro procedimiento judicial para depurar responsabilidades. Cano, pues, se enfrenta a dos procesos. Uno, por inducción al asesinato. Y otro, por delito urbanístico. Dos delitos para un crimen.