El Supremo no admite la querella del PP contra Chaves por el 'caso Matsa'

El Tribunal Supremo ha decidido no admitir la querella que presentó el PP contra Manuel Chaves, actual vicepresidente tercero del Gobierno, al que acusaba de prevaricación y tráfico de influencias por los incentivos que concedió la Junta de Andalucía, cuando él era presidente, a un proyecto de la empresa Matsa, de la que es representante legal una hija de Chaves. El alto tribunal entiende que los hechos referidos a Chaves no son delictivos, pero aún estudia los referidos a otras personas incluidas en la querella del PP. Según fuentes del Supremo, continúan las deliberaciones sobre los otros querellados.

El PP presentó en julio del pasado año la querella por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias contra el político andaluz, por el incentivo de 10.093.472,70 euros que la Junta dio a la multinacional canadiense Matsa. El PP sostenía, en cuanto al delito de prevaricación, que Chaves no se abstuvo en el trámite de la subvención y presidió el Consejo de Gobierno de la Junta que la aprobó, "a pesar de conocer de modo indubitado que su hija (...) era nada menos que la responsable del departamento jurídico de la empresa favorecida". También asegura que el ex presidente andaluz sabía que la propuesta no se ajustaba a derecho y no concurrían los requisitos legales para acceder a "tan importante incentivo". Respecto al tráfico de influencias, la querella dice que Chaves intervino ante los órganos rectores de la Agencia IDEA, que otorgó la subvención, para que se librara.

Ataques del PP

El PP andaluz, especialmente Javier Arenas, había hecho un caballo de batalla de las supuestas irregularidades en la concesión del incentivo a la multinacional, que incluso presentó y retiró otra acción judicial en el que acusaba al que fuera presidente de la Junta de Andalucía de haber incumplido la ley de Incompatibilidades por no haberse abstenido en la tramitación.

Chaves ha tenido que responder durante el año pasado a las preguntas que le han planteado en el pleno del Congreso de los Diputados los dirigentes del PP. El vicepresidente ha defendido en todo momento la legalidad de la subvención, la transparencia con la que fue concedida, así como que en ningún caso tuvo conocimiento del trámite para solicitarlo en el que participaba su hija.