El Foreign Office apoyó la guerra de Irak pese a saber que era ilegal

Jack Straw, jefe de la diplomacia británica en aquel momento, apoyó la guerra de Irak a sabiendas de que sus juristas le habían advertido que era ilegal. No sólo la número dos de los servicios jurídicos, Elizabeth Wilmshurst, que dimitió por sentirse desautorizada por el ministro, sino también el responsable máximo de los juristas del Foreign Office, sir Michael Wood, que no dimitió, pensaban que la invasión de Irak era ilegal sin una resolución específica de la ONU.

A finales de enero de 2003, dos meses antes de la guerra y cuando ya se había aprobado la resolución 1.441 del Consejo de Seguridad, Wood advirtió a Straw que el uso de la fuerza contra Irak "era contrario a la ley internacional", según explicó ayer al comparecer ante la comisión que investiga la participación británica en la guerra. "En mi opinión, el uso de la fuerza no había sido autorizado por el Consejo de Seguridad y no había otras bases según la ley internacional", añadió.

"La respuesta de Straw fue que yo estaba siendo demasiado dogmático y que las leyes internacionales eran bastante vagas y que no estaba acostumbrado a que la gente tuviera posiciones tan firmes", añadió. El ministro le respondió que cuando era titular de Interior los juristas le habían dicho muchas veces que eran ilegales propuestas luego apoyadas por los tribunales.

La diferencia, subrayó sir Michael, es que no hay tribunales para juzgar las leyes internacionales y por eso hay que ser especialmente cuidadoso al emitir un dictamen sobre su legalidad. Y añadió que probablemente "es la primera y única vez" que un ministro no ha hecho caso de su dictamen jurídico.

La posición de Straw, que días atrás dijo que apoyó la invasión "a regañadientes", quedó ayer aún más entredicho al publicarse un memorando de Wood en el que se refiere a un cable del Foreign Office sobre una reunión entre Straw y su homólogo estadounidense, Colin Powell, en el que Straw asegura un año antes de la guerra que está "totalmente cómodo" defendiendo esa causa.

Elizabeth Wilmshurst se expresó en términos muy parecidos y calificó de "lamentable" el hecho de que el fiscal general del Reino, lord Goldsmith, no fuera consultado formalmente por el Gobierno hasta días antes de la invasión. Se sabe que Goldsmith tenía muchas dudas sobre la legalidad de la invasión y que sólo a última hora concluyó que ésta era legal porque a su juicio la resolución 1.441 de noviembre de 2002 reactivaba las viejas resoluciones que dieron luz verde a la primera guerra del Golfo.

Uno de sus ayudantes, David Brummell, reveló también ayer que incluso después de la aprobación de la 1.441, lord Goldsmith no creía que esa resolución bastara para legalizar la guerra.