Camps vuelve un año después a Fitur sin 'El Bigotes'
El pabellón valenciano sale más barato tras las denuncias de corrupción
La feria turística Fitur, que hoy comienza en Madrid, cerró el año pasado el 1 de febrero. Cinco días después, la policía buscaba, por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, los contratos de adjudicación del pabellón valenciano en las dependencias de la Consejería de Turismo, en Valencia. Era el inicio del caso Gürtel, que ha puesto al PP contra las cuerdas y, muy especialmente, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien la trama de corrupción de la que formaba parte la empresa Orange Market, adjudicataria del pabellón entre los años 2005 y 2009, regaló trajes.
Camps vuelve hoy a Fitur, acompañado de la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, que era consejera de Turismo en 2005 cuando se otorgó el primer contrato a Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market y hombre de confianza, al mismo tiempo, del PP valenciano y del líder de la trama corrupta, Francisco Correa, actualmente en prisión.
El pabellón valenciano, por el que Orange Market cobró 5,5 millones de euros (1,1 millones en 2005; poco más de un millón en 2006, 2007 y 2008, y 915.000 euros en 2009), ya no es cosa de El Bigotes. Ha cambiado de adjudicatario. Ahora lo coordina y produce, lo monta y lo desmonta, Montoro Ortega Rubio, aunque siga siendo el mismo subcontratista el encargado del diseño. Eso sí, es más barato. El pabellón cuesta 814.789 euros. Como destacó el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, el pasado lunes, las denuncias de corrupción han ahorrado a los contribuyentes un 30,5% respecto a la media de lo que cobraba la trama. Luna hace el cálculo sobre las adjudicaciones sin contar el IVA y atribuye el hecho a la "dura tarea de control" ejecutada por la oposición.
Si Álvaro Pérez pasó en una semana de ser un genio de la promoción para los populares y la Generalitat a verse detenido y, posteriormente, imputado, en una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente, Camps ha pasado en un año de ser el barón emergente mejor situado en el PP a un político marcado con un horizonte muy oscuro por superar.
Aunque Orange Market recibió la adjudicación del pabellón valenciano en Fitur por quinto año consecutivo, la Generalitat se vio obligada, al desencadenarse la tormenta del caso Gürtel -que llegó a poner a Camps ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, acusado de cohecho junto al entonces secretario general del PP, Ricardo Costa, hoy destituido; al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret- a prescindir de la terminal valenciana de la trama corrupta.
En marzo, la entonces consejera de Turismo, Angélica Such, anunció que la Generalitat consideraba extinguido el contrato con Orange Market porque sólo había montado el expositor valenciano en Fitur y no en el resto de certámenes de Valencia, Barcelona, Bilbao y Valladolid. "Por circunstancias sobrevenidas a la empresa adjudicataria, que no a la consejería, esa ejecución de contrato no se ha llevado a término", dijo Such.
De los 7,1 millones que Orange Market recibió de la Generalitat por un total de 45 adjudicaciones, según la investigación judicial, la parte correspondiente a las ferias turísticas es la más sustanciosa. Las grabaciones policiales efectuadas por orden judicial a los cabecillas de la trama de corrupción han revelado que tenían algo más que información privilegiada sobre los concursos a los que optaban. A mediados de noviembre de 2006, el líder de la red, Francisco Correa, aseguraba a sus interlocutores que Álvaro Pérez tenía una reunión "sobre el tema de Fitur, que le van a adjudicar". Faltaban 15 de días para la apertura de plicas. A principios de noviembre de 2008, Álvaro Pérez hablaba por teléfono con Pablo Crespo, hombre de confianza de Correa, a quien explicó que estaba a punto de entrar a una reunión con cargos de Presidencia de la Generalitat para "hablar de lo de Fitur". La adjudicación del pabellón de 2009 no se hizo pública hasta diciembre.
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