Los hosteleros piden cinco años de moratoria para endurecer la ley antitabaco
La Federación Andaluza de Hostelería solicitó ayer al Gobierno central que retrase cinco años la reforma de la ley antitabaco para prohibir fumar en todos los espacios cerrados para que los empresarios que reformaron sus locales puedan adaptarlos a la actual ley, recuperen la inversión, y para que los ciudadanos fumadores se acostumbren a la nueva situación.
El sector calcula que su facturación caerá un 10% si se endurece la normativa vigente, como prevé hacer el Ministerio de Sanidad antes de que acabe el año.
El presidente de la federación andaluza, José Manuel Ledesma, cree que la nueva ley será la "ruina" para muchos empresarios ya que verán incrementadas las pérdidas producidas por la crisis. Los hosteleros también se quejan del quebranto económico -entre 30.000 y 150.000 euros- que han sufrido aquellos establecimientos que crearon espacios separados para fumadores y no fumadores para cumplir la ley vigente. La Junta pretende que en estos establecimientos, mayores de 100 metros cuadrados, se pueda seguir fumando.
Las desgravaciones fiscales que la Junta ha ofertado para los locales que acometieron esas reformas "no son suficientes", a juicio del sector. La moratoria de cinco años en la ley es especialmente reclamada por los bares y locales de noche, cuya clientela se reducirá hasta en un 45%, según los pronósticos de la federación.
El sector de la hostelería supone un 11,2% del Producto Interior Bruto andaluz y aporta más de 400.000 puestos de trabajo. Ledesma reconoce que la medida es comprensible desde el punto de vista sanitario pero reclama tolerancia con los fumadores especialmente "en los momentos de ocio".
La modificación de la ley podría acarrear, según la federación, pérdidas similares a las que ha sufrido el mismo sector en Irlanda, país que no permite fumar en locales cerrados y en donde se han cerrado el 8,6% de los restaurantes y el 24% de los bares desde que está vigente la prohibición. Extrapolando estos datos, para el conjunto de España las pérdidas podrían superar los 1.000 millones de euros, sostiene Ledesma, que pide al Gobierno que sea "sensible".
