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COLUMNA

Viene la fractura

En una carta en El Progreso de Lugo su autor, Jorge M. De la Calle, decía, dirigiéndose a Feijóo: "Mi lengua materna, familiar y en la que me expreso normalmente es el castellano, pero considero el gallego como propio, por lo que hago lo posible por comunicarme en las dos. Hablo y escribo sin problema en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de este país, gallego y castellano, castellano y gallego, y además francés, inglés,y algo de portugués. Nunca sentí la cuestión de la lengua como un problema, nunca tuve la sensación de que se me hiciese más complicado el aprendizaje de una materia por darla en gallego, y nunca sentí que el gallego le restase tiempo a lenguas como el inglés o el francés. Veo, por el contrario, que durante mucho tiempo se vulneraron los derechos de una porción inmensa de la población que no podían aprender desde pequeños en su lengua materna, ni siquiera hablarlo en ninguno de los ámbitos más fundamentales de la vida cotidiana. Creo que el actual es un debate interesado".

Lo del inglés, el cebo para reducir la presencia del gallego en las aulas, es una coña marinera

Es un texto que tiene la virtud del sentido común, y que expresa, me atrevo a sugerir, la opinión del cuerpo central del país. De las dos cosas se ha despedido, sin embargo, Feijóo desde el primer día. Lo ha hecho por su propio pie, y con gran contento y alegría, llevado por la convicción de que los argumentos de la derecha madrileña -y del pijerío estival de Sanxenxo que gusta frecuentar- podían convencer al núcleo duro de las clases medias urbanas. No ha sido así. La cuestión del idioma, si se quiere que divida, dividirá, y el presidente, de un modo insólito, está haciendo todo lo posible para extender el lío y crear una fractura de la que nunca habíamos tenido noticia. Lo hace, es claro, porque mira más allá: a cuando Rajoy ceda el testigo. Puede que algunos sectores del PP local le empujen en esa dirección, pero el viento que sopla en sus velas es el ansia de no defraudar a sus electores futuros de Burgos o Toledo. Tal vez lo lamentará si Gloria Lago decide presentarse como candidata a la Xunta por UPyD.

Por supuesto, hay en su actitud ciertos implícitos erróneos. Uno de ellos, tal vez el principal, estriba en presumir que los castellanohablantes -en especial los de ciudades como A Coruña o Vigo- simpatizan en su mayoría con su política de liquidación del gallego. Pero no es lo mismo hablar en castellano que ser enemigo del gallego, como tampoco lo es hablar en gallego y ser contrario al castellano. Tampoco es cierto que la franja de padres que se ha movilizado contra el gallego exprese el punto de vista más extendido. Los padres que desean que sus hijos sean eximidos de la necesidad de aprenderlo y, al tiempo, practicar cierta forma de segregación social, se concentran en los colegios privados y en los concertados de zonas con rentas más altas como muy bien sabe la consellería.

De hecho, a ese público se dirigen las Bases para un nuevo decreto publicadas por la Consellería de Educación. Al final de lo que se trata es de abrir la puerta a esa posibilidad -una suerte de limpieza de sangre idiomática- en tales contextos sociales. Recomiendo leer con atención el texto para percatarse de ello. Para ese objetivo, y no para otros, se afirman principios estupendos, como el de la libertad de elección, que van a causar estropicios sin cuento. No sólo interminables discusiones de padres que, lógicamente, van a expresar preferencias distintas y que, en una u otra proporción, van a sentirse perdedores en una pugna provocada por la Administración. Si en los centros privados los privilegios del castellano pueden ser masivos o al menos manejables -dada la capacidad de imposición a los profesores y de negociación con los padres de la dirección del centro- en los de titularidad pública la colusión entre derechos de padres, profesores y alumnos puede llevar a las asesorías jurídicas al colapso, además de ser fuente de innumerables conflictos.

Lo del inglés, el cebo para reducir la presencia del gallego, es una coña marinera. No es que no suceda en ningún sistema escolar conocido. No es que no esté disponible un 33 % de profesores cualificados para impartir sus asignaturas en ese idioma. Es que, de haberlos, tendría que suceder que el 100% de los alumnos estuviesen capacitados para entenderlos. Lo cual no es el caso ni lo será en muchos años. Por supuesto, las habilidades en ese idioma decidirán la suerte del alumno penalizando a los de familias más modestas que no pueden pagar cursos en el extranjero. Si como planteamiento a años vista pudiera ser plausible, como objetivo inmediato expresa una mentalidad soviética, de gentes que creen que se cambia la realidad por decreto.

En definitiva, las Bases van a incrementar la necesidad de la Administración educativa de imponerse coercitivamente, van a aumentar la fisura entre la red pública y la de centros privados y concertados y van a aumentar el caos en la gestión de la educación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de enero de 2010