La juez pone un millón de fianza al alcalde de Seseña

El Juzgado de Instrucción número 1 de Illescas (Toledo) ha decidido abrir juicio oral contra el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU), tras ser acusado de un delito de calumnias por el constructor Francisco Hernando, El Pocero, y además le ha impuesto una fianza de un millón de euros, más de 400 veces su sueldo como alcalde, para hacer frente a una posible condena. Según informó Efe, el auto notificado ayer por la juez Carolina Hidalgo da al alcalde un día de plazo, es decir, hasta hoy, para depositar esa cantidad. Si no lo hace, se le embargarán los bienes hasta cubrir esa cantidad.

"Que me lleven a la cárcel si es que lo creen así", declaró el alcalde a Efe. "Es increíble, es tremendo. Se escapa a mi raciocinio. No lo puedo asimilar", exclamó. Fuentes, que ayer desconocía el auto, dijo ganar 2.300 euros al mes, aseguró que no puede pagar la fianza fijada. Fuentes de la dirección de IU aseguraron pasadas las diez de la noche que aún no tenían la resolución.

El juzgado da sólo un día de plazo a Fuentes para que deposite el dinero

La denuncia del constructor se basa en una entrevista a Fuentes en el diario El Mundo en 2006 en la que, según Hernando, le acusaba de estafar a los propietarios de los pisos construidos en la controvertida urbanización El Quiñón y de comprar voluntades de concejales de Seseña. Fuentes niega que realizara tal acusación.

Manuel Fuentes frenó desde la alcaldía la construcción de parte de una megaurbanización de Hernando en el municipio que acabó convertida en símbolo de la especulación urbanística y la construcción desenfrenada. El Pocero considera a Fuentes responsable del fracaso parcial de su inversión y de dañar su prestigio.

El Pocero proyectó construir 13.500 viviendas, de las que terminó 5.600 antes de abandonar el pueblo. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que el ex alcalde del PSOE que tramitó el proyecto, José Luis Martín, incrementó considerablemente su patrimonio durante la tramitación e incurrió en delitos de prevaricación, cohecho y contra Hacienda. Dos concejales socialistas de entonces acabaron trabajando para El Pocero, además del hijo del ex alcalde socialista.

Hernando solicita, además de la indemnización de un millón, cuatro años de prisión.