El PP agita el caso del Cabanyal pero asume que decidirán los tribunales

"Acataremos cualquier resolución judicial que se pronuncie sobre este particular", reconoció Rafael Blasco. "Al final, los tribunales pondrán a cada uno en su sitio", señaló, a su vez Ángel Luna. Los portavoces popular y socialista en las Cortes Valencianas coincidieron en que el asunto del barrio valenciano de El Cabanyal es cosa de los jueces. Sin embargo, el ruido político sigue siendo mayúsculo, después de que el PP haya decidido que la orden del Ministerio de Cultura para paralizar el proyecto de la alcaldesa Rita Barberá, que pretende que la avenida de Blasco Ibáñez atraviese el viejo núcleo de pescadores, es un "atentado e intromisión del Gobierno de España y de su presidente", como lo calificó ayer el propio Blasco.

"El decreto ley es esperpéntico", afirma el portavoz socialista

Salvem El Cabanyal celebra hoy una asamblea para analizar la situación

La junta de portavoces convocó para mañana la Diputación Permanente de las Cortes, dado que no es periodo parlamentario, con el único objetivo de convalidar el decreto-ley del Consell que ha levantado de un plumazo la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la trama de El Cabanyal, vigente desde 1993. La sugerencia del portavoz de Compromís pel País Valencià, Enric Morera, de que se llevara a un pleno ordinario en febrero no prosperó y la portavoz adjunta, Mònica Oltra, en rueda de prensa, calificó de "reacción desmesurada" de una "fuerza reaccionaria" la actuación del PP. Oltra vaticinó: "Les saldrá mal porque tienen a toda la sociedad civil, a la gente que se mueve, en contra".

Blasco describió la orden dictada por el Ministerio de Cultura, en aplicación de sus atribuciones contra las agresiones al patrimonio, como "una invasión de las competencias del autogobierno valenciano y de la autonomía municipal". Una nueva "arbitrariedad" y un nuevo intento de "humillar a los valencianos" motivan, según el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, la decisión del Gobierno. Blasco reiteró la idea, ya esgrimida por Barberá, de que los ciudadanos han apoyado el proyecto de El Cabanyal -que ha encontrado la oposición de una plataforma vecinal y ha cosechado las críticas de urbanistas y sectores del mundo artístico y cultural- porque se contemplaba en el programa con el que los populares ganaron las elecciones e insistió en el argumento de que el Ejecutivo que preside el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha obviado hasta una docena de sentencias que validaban el plan municipal. "No hay duda alguna respecto de la legalidad de las actuaciones del gobierno municipal", concluyó.

"El decreto ley es esperpéntico", zanjó, por su parte el portavoz socialista, Ángel Luna, quien añadió que lo único que pretende es establecer que todo lo que ha hecho el PP es correcto. Luna dijo que el Consell actúa a la manera de Berlusconi en este tema, ya que trata de abolir mediante un decreto ley una orden ministerial que es consecuencia del emplazamiento que le hizo al Gobierno el Tribunal Supremo en una sentencia de mayo pasado sobre la existencia o no de expolio patrimonial en este caso. "No se trata de un problema de jerarquía normativa", explicó el diputado socialista, "sino de un problema de competencias". Y la competencia sobre expolio patrimonial es del Gobierno central, recordó.

En la línea que apuntó Luna, quien mostró su preocupación por que la reactivación de la empresa Cabanyal 2010 obedezca a la intención de "excitar el celo derribador" por parte del Ayuntamiento de Valencia, la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, advirtió que su grupo exigirá "responsabilidades políticas y económicas personales a quienes provoquen la destrucción de El Cabanyal".

De momento, el Ayuntamiento aumenta la presión en la calle de San Pedro, donde pretende abrir un bulevar, y ha iniciado la notificación para expropiar a vecinos afectados. En varios casos, las direcciones coinciden con licencias de derribo aprobadas por el Ayuntamiento, cuando con estas notificaciones ni siquiera termina el trámite de expropiación y de un eventual desalojo. "Intentan intimidar a la gente, como asustaviejas", dijo ayer Faustino Villora, de Salvem El Cabanyal.

La plataforma, que recurrirá las expropiaciones, celebra hoy una asamblea para analizar la situación. Los afectados lanzarán un manifiesto por el diálogo y por un plan de rehabilitación con consenso y participación ciudadana, y tratarán posibles movilizaciones para oponerse al proyecto y sus derribos. La plataforma contará en la asamblea con el apoyo de la portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, diputados de Compromís, de Esquerra Unida, la federación de asociaciones de vecinos y una representación de otros colectivos, como Salvem El Botànic y Per L'Horta, sindicatos y grupos ecologistas.