Agró denuncia más casos como los de Llíber por la pasividad del Consell

La organización Acció Ecologista Agró denunció ayer la "pasividad" del Consell a la hora de ejercer su función supervisora del urbanismo valenciano y, en particular, su "inacción" ante las denuncias de supuestos abusos urbanísticos a particulares. En opinión de los ecologistas, esta actitud de la Generalitat ha desembocado en casos de extrema gravedad como la construcción de 300 chalés en suelo rústico en el término de Llíber.

Estas casas ilegales fueron vendidas como legales a otros tantos compradores europeos que estiman en unos 70 millones la estafa que han sufrido. Por estos hechos hay 18 imputados y dos encarcelados, el ex alcalde José Mas, del PP, y el aparejador municipal. Mas llegó a cobrar a los promotores hasta 3.000 euros por cada licencia ilegal que autorizó.

"La inacción del Consell ha sido decisiva para que se dé esta situación [la masiva construcción de casas ilegales en Llíber]", señala un comunicado oficial del colectivo conservacionista. "Lo ocurrido en Llíber ha sido destapado por las denuncias de particulares, del Colegio de Arquitectos y por la investigación abierta por la Guardia Civil. Es decir, todos menos la Generalitat valenciana, que es quien debía haberse dado cuenta de los más de 300 chalés ilegales", añade.

Los ecologistas aseguran que el caso de Llíber no es aislado. Con motivo de la aprobación de planes generales y normas subsidiarias, en algunas declaraciones de impacto ambiental la consejería estableció la "obligación" de enviar todos los años un informe sobre la aparición de edificaciones dispersas fuera de ordenación. "Hemos examinado nueve casos, en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, y la Generalitat nunca recibió los informes de lo que pasaba en suelo no urbanizable, y tampoco los solicitó", ha afirmado la entidad ecologista. "Esta situación muestra que la Generalitat se desentiende de lo que suceda en suelo no urbanizable", por lo que debería "disculparse ante los afectados y ofrecerles toda su ayuda".

La asociación ecologista considera que queda demostrado que la falta de actuación ante las irregularidades urbanísticas puede originar daños graves a particulares que adquieren las casas. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Dénia investiga la construcción y venta de viviendas en suelo no urbanizable a extranjeros entre 1999 y 2003, todo ello con permiso municipal.