Una fiesta ilegal

A comienzos de año se clausuraba por la policía una presunta "fiesta ilegal" en una nave industrial abandonada de Paterna. Parece ser que cientos de jóvenes se habían reunido para bailar en tres pistas simultáneas consumiendo alcohol y drogas al mismo tiempo. Todo bastante habitual. Lo que no entiendo es por qué dicha fiesta se considera ilegal. ¿Por el consumo de estupefacientes?: no otra cosa se hace todos los fines de semana en el botellón y hasta a la salida de los colegios. ¿Por el ruido?: en un país donde todo el mundo grita y tiene encendida la televisión con el sonido a tope a cualquier hora del día y de la noche, casi parece una broma quejarse por este motivo. ¿Porque no tenían permiso del propietario?: hombre, las ocupaciones de edificios del casco antiguo suelen tener un carácter permanente sin que nadie se inmute; y cuando echan a los okupas, como en el Patio Maravillas, les falta tiempo para instalarse en otro sitio. ¿Porque no había salidas de emergencia?: tampoco las hay en muchas oficinas públicas y no pasa nada. Los vecinos del Carme de Valencia y del Barrio de Alicante no están mejor y nadie les hace ni caso. La "fiesta ilegal" de marras era una rave party. ¿Y eso qué es? Pues una especie de experiencia más o menos hippy en la que a través de la música y de las sustancias estimulantes se trata de provocar el delirio (rave) de los asistentes. Las rave parties buscan constituir grupos sociales cohesionados al margen del sistema y por eso se convocan espontáneamente fuera de los cauces normales. A partir de aquí empiezan a comprenderse las razones que han motivado su prohibición fulminante.

Prolifera en España el uso abusivo de la palabra "ilegal". Cuando algo es incómodo, indeseable o inmoral para la sociedad, el legislador lo acaba declarando ilegal. Pero entre nosotros sucede al revés. Por ejemplo, hacía años que todos los informes desaconsejaban la prolongación salvaje -también podría hacerse de otra manera- del paseo de Valencia al mar y era lógico que la declarasen ilegal. Sin embargo, como "ilegal" sólo se usa para los proyectos de los otros, ahora el Ayuntamiento dice que va a cambiar la ley (!). Otro ejemplo: si la tramitación del Estatut en el parlamento de Cataluña tanto inquietaba en Moncloa, ¿por qué no se opusieron en su momento en vez de declarar irresponsablemente que aceptarían lo que se aprobase allí? Ahora no saben qué hacer y sólo se les ocurre cambiar la ley para que no sea ilegal. Estamos en pleno proceso de berlusconización de la vida pública. O tal vez sea más sencillo y nuestros políticos hayan hecho suyo el viejo consejo español: al amigo, todo; al enemigo, nada; al indiferente, la ley vigente. Apañados estamos.