El Gobierno acusa al Consell de ir contra la legalidad en El Cabanyal

El Gobierno respondió ayer a la maniobra del Consell para intentar sortear la orden de paralización del plan de El Cabanyal por expolio y anunció que estudiará posibles acciones legales contra el decreto ley que da vía libre a los derribos en el barrio. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que la Generalitat tendrá que explicar "por qué desoye y desafía la decisión de los tribunales" -en referencia al mandato del Supremo para que el Gobierno dictaminara sobre el caso- y subrayó que el Ejecutivo se rige "por criterios de legalidad, y de protección del patrimonio artístico contra el expolio". La Abogacía del Estado está "estudiando" la constitucionalidad y la validez jurídica del decreto del Consell, añadió De la Vega.

Peralta afirma que la Generalitat no puede dejar sin efecto la orden

"La ministra se ha metido en un jardín" al parar el plan, según Barberá

En Valencia, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, abundó en esos argumentos y rechazó que se haya producido "la menor intromisión" en las competencias autonómicas, como sostienen la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. "Si tuvieran la conciencia de que la legalidad les amparaba frente al Gobierno de España, no hubieran cambiado la legalidad", afirmó Peralta, para quien la Generalitat "en ningún caso" puede "dejar sin efecto una orden o norma del Gobierno central". Los votos "no legitiman para violar la ley", según Peralta. Sí permiten "cambiar la ley y lo han hecho; han dejado sin protección al barrio de El Cabanyal", añadió en referencia a la derogación por decreto del BIC (Bien de Interés Cultural) para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez.

La Generalitat y el Ayuntamiento insistieron en plantear la orden de suspensión como un ataque a los intereses valencianos. La alcaldesa, Rita Barberá, dio una vuelta de tuerca a sus críticas a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y aseguró que estudiará denunciarla por un supuesto delito de prevaricación. Según la alcaldesa, a la ministra "la han metido en un jardín" con una orden que es "injusta" y una "barbaridad". Barberá repitió que el ministerio "se ha metido a paralizar cosas que nada tienen que ver con el Gobierno" y negó que su plan suponga un expolio al patrimonio, como sostiene Cultura.

La alcaldesa compareció junto al consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Cotino, quien rechazó que el decreto ley para ejecutar el plan y evitar la orden de suspensión suponga una insumisión frente al Gobierno. Ambos se reunieron para reactivar la empresa mixta Cabanyal 2010. Creada en 2005, en momentos de auge del negocio inmobiliario, la sociedad se quedó a mediados de 2008 sin sus 11 socios privados. Los promotores retiraron su dinero de El Cabanyal y vendieron las acciones a las dos administraciones.

Barberá intentó transmitir una imagen de normalidad sobre la marcha del plan. Se negó a poner fecha a nuevos derribos que ya tienen licencia en la calle de San Pedro -se harán "en el tiempo previsto"- y defendió las actuaciones hechas en el barrio para rehabilitarlo frente a las denuncias de la asociación de vecinos, de Salvem El Cabanyal y de la oposición socialista en el Consistorio de que ha permitido la degradación de la zona.

Según sus datos, en la década desde la aprobación del plan se han invertido 46 millones de euros de los más de 300 que costará -la alcaldesa destacó obras de urbanización, rehabilitación de dos museos y el teatro el Musical, entre otros, aunque hay pendientes numerosos equipamientos-. El Plan Confianza del Consell aportará otros 52 millones de euros para un aparcamiento en el bulevar de San Pedro; la compra y expropiación de suelo en varios puntos y concretamente en el área de prolongación; la adquisición de un edificio para realojos de afectados del plan; y la renovación de calzadas en varias calles.

De las más de 1.600 viviendas que se prevé demoler para prolongar Blasco Ibáñez -parte de ellas en el BIC-, el Ayuntamiento sólo tiene en su poder 406. Según argumentó Barberá, porque se han comprado en vez de expropiar.

Ante posibles nuevos derribos, Salvem El Cabanyal avanzó que hará "una convocatoria ciudadana pacífica con la finalidad de abrazar las casas" en peligro, y acudirá a los juzgados. La plataforma defendió que el Consell no puede desproteger el BIC de El Cabanyal por decreto. Por su parte, la portavoz socialista, Carmen Alborch, criticó la "amenaza" de Barberá a la ministra y denunció que la inversión en el barrio ha sido "claramente insuficiente".