Santa Pola anula las adjudicaciones a familiares de funcionarios

El Ayuntamiento de Santa Pola, gobernado por el PP con mayoría absoluta, anuló ayer los contratos adjudicados a profesionales familiares de altos técnicos municipales para redactar proyectos de obras del plan Confianza (programa de inversión local impulsado por la Generalitat). El Consistorio había contratado los proyectos con dos maridos y un hermano de tres funcionarias con altos niveles de responsabilidad. En total, el Ayuntamiento adjudicó a profesionales privados vinculados con las tres empleadas municipales siete de los 18 proyectos que recoge el programa de la Generalitat en el municipio. Los honorarios por estos trabajos, incluida la dirección de obra, ascendía a 156.000 euros.

Los honorarios de los siete contratos anulados ascendían a 156.000 euros

La oposición dejó el pleno porque los expedientes estaban incompletos

La revocación de este foco de nepotismo funcionarial en Santa Pola se produjo dos días después de que los hechos trascendieran a la opinión pública. Fuentes municipales han señalado que la anulación de los contratos partió de una iniciativa particular de los adjudicatarios, que optaron por renunciar a las contratas para no "dañar" la imagen del Ayuntamiento.

Tres de los contratos fueron aprobados por la junta de gobierno local, que en su reunión de ayer por la mañana acordó su anulación. Por la tarde, se celebró un pleno extraordinario para hacer lo propio con los otros cuatro contratos que fueron sancionados por el máximo órgano de la corporación.

El equipo de gobierno justificó la convocatoria de la sesión plenaria en la necesidad volver a adjudicar las obras con "urgencia" ya que los plazos están a punto de expirar. No obstante, la repetición de las adjudicaciones se hará mediante un concurso público.

La adjudicación de los contratos provocó la reacción de la oposición. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, María Lafuente, calificó los hechos como "una sirvengonzonada". Mientras, el edil de Compromís, Federico Zaragoza, solicitó al gobierno local limpiar "su nombre" y que proporcione a la oposición el registro de bienes, intereses e incompatibilidades de sus concejales.

Los dos grupos de la oposición municipal abandonaron el pleno antes de su conclusión al considerar que "no estaba justificada la urgencia" y porque los expedientes que les entregó el equipo de gobierno estaban incompletos.

Inicialmente, el alcalde, Miguel Zaragoza, del PP, defendió la legalidad de las adjudicaciones: "Se trata de dar trabajo, el lazo familiar es circunstancial", aseveró el regidor. En la misma línea se expresó Loreto Serrano, concejal de Infraestructuras y responsable del programa de inversiones del Consell en el municipio. Serrano esgrimió la "elevada" carga de trabajo de los técnicos municipales para justificar las adjudicaciones a profesionales externos. En el pleno de ayer ambos volvieron a esgrimir los mismos argumentos para defender las adjudicaciones, e insistieron en que el trámite fue legal y no había habido ninguna reclamación.

La edil, en cambio, admitió que con motivo del plan Zapatero todos los proyectos fueron redactados por los técnicos municipales. El plan Confianza en Santa Pola asciende a 6,5 millones de euros, mientras que el plan Zapatero supuso una inversión de 5 millones para desarrollar 20 proyectos.

El nepotismo a la sombra del plan Confianza no ha sido exclusivo del Ayuntamiento de Santa Pola. En Xàbia, el equipo de gobierno, que preside el nacionalista Eduardo Monfort, también ha adjudicado tres contratos a profesionales vinculados con ediles del gobierno local. El gobierno, pese a la crítica de la oposición, no ha modificado su decisión.