Una ley con siete años de retraso

El Tribunal Constitucional dejó claro, en octubre de 2001, que la prohibición legal de que los militares formen parte de sindicatos o asociaciones reivindicativas sólo significa que tienen proscrita la acción sindical. Esto se plasma en el ejercicio del derecho de huelga, en la negociación colectiva o en la adopción de medidas de conflicto colectivo. Nada impide, razonaba el Constitucional, que formen asociaciones profesionales.

Esta sentencia abrió la espita a la legalización de asociaciones de militares, primero integradas por personal retirado o en la reserva, luego, por militares en activo. El foso entre el mundo real y el oficial quedó patente en diciembre, cuando cientos de militares se manifestaron convocados por una asociación registrada en el Ministerio del Interior. Los manifestantes no fueron recibidos en el Ministerio de Defensa, pero tampoco expedientados.

La Ley del Personal Militar de 1999 ya instaba al Gobierno a remitir al Congreso, antes de 2003, una ley para adaptar el régimen de derechos y deberes de los militares a las Fuerzas Armadas profesionales.

El compromiso no se cumplió y el PSOE ganó las elecciones de 2004 con un programa electoral que prometía una "ley de derechos y libertades del personal militar". En vez de eso, aprobó la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, de noviembre de 2005, que daba un nuevo plazo de tres meses para elaborar la ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares.

Tampoco se cumplió, por lo que el programa electoral del PSOE, ya en 2008, se comprometía "actualizar el régimen de derechos fundamentales y libertades públicas del personal militar". Hasta hoy.