ETA intenta acallar a sus presos con la expulsión de cinco disidentes

La banda terrorista ETA hizo pública ayer la expulsión de sus filas de cinco presos para tratar de frenar, con un golpe de autoridad, la marea de disidencia interna. El hecho se produce en un momento en el que los presos etarras están pidiendo participar en el debate sobre el futuro de la izquierda abertzale en el que se está cuestionando la violencia como método para lograr objetivos políticos. Hace dos años, los presos protestaron por haber sido marginados del debate en torno al proceso de final dialogado del terrorismo.

De los 750 presos de ETA encarcelados en España y Francia, unos 40, confinados en las cárceles de Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias), están en abierta disidencia con la banda. Pero incluso entre el resto de condenados hay una mayoría, que sigue perteneciendo al colectivo de presos, que defiende las tesis del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi (también en prisión), proclive a que ETA abandone el terrorismo.

Uno de los etarras expulsados es el asesino del concejal Gregorio Ordóñez

La expulsión de los cinco disidentes se materializó a través de una nota del llamado colectivo de presos donde se les acusa de "haberse salido de la disciplina y protección del colectivo". El frente carcelario está dirigido por presos muy influyentes, como Juan Lorenzo Lasa Michelena, Txikierdi, y Henri Parot.

Los expulsados son Valentín Lasarte, Iñaki Recarte, Jorge Uruñuela, Andoni Muñoz y Esteban Murillo. La mayoría cumplen altas condenas de prisión, algunos son asesinos.

Lasarte está condenado a 340 años por seis asesinatos, entre ellos, los del concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez (que ejecutó físicamente Txapote) y el abogado socialista Fernando Múgica. Recarte fue el autor de un atentado con coche bomba en Santander en 1992 que costó la vida a tres personas. Muñoz fue condenado por colocación de artefactos explosivos a 64 años. Uruñuela cumple 16 años de cárcel por acciones de kale borroka y Murillo está en prisión preventiva pendiente de juicio.

Todos ellos cumplían los requisitos legales para poder beneficiarse de ciertos privilegios del Código Penal al considerarse que en su conducta hay un "pronóstico de reinserción social". Todos ellos han expresado su rechazo a ETA y el perdón a las víctimas y mantienen el compromiso en el pago de la responsabilidad civil exigida.

Lasarte hace dos años que expresó su disidencia con la cúpula de ETA. La pasada primavera rompió todos los protocolos de la banda al comenzar a trabajar en el economato de la prisión de Villabona (Asturias), darse de alta en la Seguridad Social y aceptar un sueldo. Recientemente ha seguido sus pasos otro de los reclusos etarras expulsados, Iñaki Recarte.

La banda terrorista prohíbe a sus presos abonar indemnizaciones por responsabilidad civil así como solicitar permisos y pases a diferentes grados penitenciarios. También les exige negar legitimidad a los tribunales, obstaculizar el desarrollo de los juicios, no abonar fianzas ni multas ni pedir la libertad provisional, apoyar las acciones reivindicativas que indique la banda y aceptar el abogado que proponga el colectivo.

Estas normas drásticas, unidas a que la banda las ha relajado discriminatoriamente para algunos de sus dirigentes, hace que la disidencia entre los presos vaya en aumento. Con los cinco de ayer, son aproximadamente unos 40 los expulsados de un colectivo de 750 presos. Entre ellos figuran miembros históricos de ETA, como Francisco Múgica, Pakito, José Luis Urrusolo, Carmen Guisasola, Kepa Pikabea, José Luis Álvarez, Txelis, Iñaki Arakama Makario o Carlos Almorza, Pedrito de Andoain. Algunos de ellos han mostrado por carta su distancia con la actual orientación de ETA.

La banda armada, que teme una marea disidente en las cárceles, viene forzando la disciplina a sus presos desde hace tiempo. Ayer mismo, el diario Gara recogía un comunicado del colectivo de presos anunciando encierros y huelgas de hambre. Hace año y medio, la dirección de la organización terrorista destituyó al responsable del colectivo de presos e impuso que esa función la asumiera exclusivamente un dirigente de la propia banda. Hasta entonces, el responsable del colectivo, que integraba no sólo a los militantes sino también a colaboradores y simpatizantes, permitía a los presos beneficiarse de medidas penitenciarias.