El Gobierno tumba el plan de Barberá de partir en dos El Cabanyal

El Ministerio de Cultura paró ayer en seco el plan estrella de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), para el barrio marinero de El Cabanyal. Tras más de una década de polémicas y procesos judiciales por un proyecto que pretende partir en dos una singular trama urbana a costa del derribo de más de 400 edificios para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, el ministerio emitió una orden que declara el plan un "expolio del patrimonio histórico".

Cultura ordena, en consecuencia, que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, que apoyó el proyecto, procedan a la "suspensión inmediata" del plan en tanto "no se adapte y garantice los valores histórico-artísticos del barrio valenciano".

El ministerio exige que se "garantice" el valor histórico y artístico del barrio

Salvem El Cabanyal y los socialistas exigen que se rehabilite el barrio

La decisión del ministerio que dirige Ángeles González-Sinde da un vuelco espectacular a una larga controversia que ha enfrentado al Ayuntamiento con los vecinos opuestos al plan aprobado definitivamente en 2001 y con la oposición al PP en el consistorio (socialistas y Esquerra Unida). La resolución es consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2009, en la que se exigió al ministerio que se pronunciara específicamente sobre si el plan implicaba un expolio patrimonial, tal como habían denunciado los vecinos.

Con este fallo, el Supremo reabrió un caso que el mismo tribunal parecía haber zanjado en marzo de 2008, cuando aceptó la partición del barrio a pesar de que el plan afectaba a una zona declarada Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico. Los magistrados, que confirmaron un fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano, consideraron que prevalecía el interés general de regenerar un barrio degradado sobre la protección de una trama urbana que discurre paralela y perpendicular al mar y atesora algunos de los mejores ejemplos a la arquitectura industrial y civil del siglo XIX con viviendas inspiradas en el modernismo.

Ahora, el ministerio, "en cumplimiento" de la sentencia de mayo, ha revisado los numerosos informes en torno al proyecto urbanístico del barrio de pescadores y concluye que implica un "expolio del patrimonio histórico de El Cabanyal". La decisión la avalan, entre otros, estudios aportados al expediente por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Real Academia de la Historia y "el propio ministerio, tal como es preceptivo". La orden de paralizar el proyecto, por otra parte, no hace "más que ratificar el informe negativo" que realizó en 2000 la propia Consejería de Cultura valenciana y que después ignoró.La declaración del ministerio considera que el plan de El Cabanyal prescindió de los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del conjunto, que con la apertura de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar perdería su singularidad. El plan, por tanto, es incompatible con la protección patrimonial de El Cabanyal, según el ministerio, y obvia las posibilidades de una menor intervención urbanística para regenerar el barrio.

El gobierno de Barberá no ocultó su enfado por la decisión de Cultura y consideró "vergonzosa e irritante" la forma en que se divulgó, a través de una "nota de prensa" y con "alevosía" por las fechas festivas. El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, es "sospechoso" que el Ayuntamiento, como parte implicada, no recibiera ayer una "comunicación oficial", lo que denotaría, en su opinión, "una clara intencionalidad política". Sobre el fondo del asunto, Grau recordó que el plan de El Cabanyal ha sido avalado por "nueve sentencias judiciales" con la "valoración positiva de los informes técnicos de patrimonio cultural". Contra la decisión del ministerio aún cabe un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y los servicios jurídicos municipales estudiarán la resolución antes de pronunciarse sobre su alcance. Según el teniente de alcalde, la orden de Cultura sólo afectaría a la zona declarada BIC, pero no al resto del plan, que "continúa adelante".

Sin embargo, la protección del BIC choca con la esencia del proyecto, que prevé la prolongación de Blasco Ibáñez precisamente a través de ese espacio protegido. La decisión del ministerio, indirectamente, cuestiona también la actuación urbanística en El Cabanyal, donde el Ayuntamiento ha comprado casas sueltas y las ha derribado sin acometer proyectos globales de regeneración. La resolución, además, deja en el aire la apertura del bulevar de San Pedro, concebido también como avenida y pendiente de expropiación forzosa de las casas de los vecinos que se resisten a vender.

En el otro lado del conflicto, la plataforma vecinal Salvem El Cabanyal proclamó su "satisfacción absoluta tras 11 años muy duros" y consideró que "no hay mejor noticia para empezar 2010". La portavoz, Maribel Doménech, reclamó de nuevo una rehabilitación del barrio sin destrucción de sus valores.

Así lo defendió también la senadora y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia Carmen Alborch, que consideró la decisión "justa, histórica y esperanzadora". "El Ayuntamiento ha incumplido su obligación de preservar el patrimonio y ha permitido la degradación de El Cabanyal, de forma pasiva al no impedir su deterioro, y de forma activa al demoler edificios de considerable valor", afirmó Alborch. El dictamen de Cultura "deja claro que se ha producido un expolio" de bienes del BIC "y que la ejecución del plan profundizaría aún más en la destrucción" del patrimonio histórico de El Cabanyal. El grupo socialista ha pedido reiteradamente al PP que desista del plan y aborde un proyecto nuevo de rehabilitación integral.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia también declaró su "alegría" por la orden ministerial de paralizar el plan, que considera que es "una aberración y un atentado contra el patrimonio histórico", según afirmó el vicepresidente, Antoni Pla. La federación, que también recurrió la aprobación del plan, apostó de nuevo por la "rehabilitación y revitalización del barrio". Por su parte, el portavoz de Compromís en las Cortes, Enric Morera, calificó de "positiva" la decisión del Gobierno, y Amadeu Sanchis, coordinador de EU en Valencia, expresó su alegría y aseguró que "vigilarán" el cumplimiento de la orden ministerial.