La guinda, los controladores

Los emigrantes españoles tuvieron problemas para volver a sus puestos de trabajo en países como Alemania o Francia, en 1976, tras pasar las vacaciones en la tierra patria, como consecuencia de una de las huelgas de controladores aéreos más duras de la historia española. El Instituto Español de Emigración pedía en septiembre de aquel año certificados del Ministerio del Aire, del que dependían los aeropuertos, para que los emigrados pusiesen justificar antes sus jefes el retraso.

Hoy, son los inmigrantes que viven en España los que sufren, junto a los españoles, las consecuencias de que una aerolínea quiebre o se convoque una huelga. Son ciudadanas como Lina Marcela, una colombiana que lleva un año sin ver a su familia y que esta Navidad se ha quedado en tierra por culpa de Air Comet.

El ministro de Fomento, José Blanco, acusó esta semana a los controladores aéreos de llevar a cabo una huelga encubierta que causó retrasos en los aeropuertos de Canarias días atrás, aunque el gremio lo desmiente. El Gobierno también temía problemas en Barajas como consecuencia del conflicto laboral que arrastra desde hace más de un año con los controladores aéreos. Y hay pocas protestas más atravesadas que las de los de este gremio: está vinculada a sindicatos corporativos, en lugar de sindicatos de clase, defiende los derechos de empleados de alta calificación y no menos altos ingresos, y las consecuencias para miles de usuarios de toda clase son funestas -más que las de pilotos de una aerolínea concreta- porque por sus manos pasa todo el tráfico aéreo de un aeropuerto. En Italia, hace cuatro años, una huelga de tan sólo cuatro horas obligó a cancelar más de 200 vuelos. Y hace un año, decenas de miles de pasajeros se quedaron atrapados en Barajas en un cúmulo de retrasos que se prolongó del 2 a 4 de enero y afectó a cientos de vuelos. La causa: que un tercio de los controladores (hasta ocho) se pusieron enfermos al mismo tiempo y nadie quiso sustituirlos.

El sindicato que los agrupa, USCA, también pronosticaba problemas en Barajas para estos días, pero por culpa de AENA, el ente público que gestiona los aeropuertos, y al que acusa de reclutar a menos personal del necesario.

El Gobierno quiere reducir hasta un 25% los costes laborales de un sector que Blanco ha tildado de "privilegiado". "Nos ponen como si fuésemos demonios", se queja Rafael López, portavoz del sindicato. Los controladores guían el despegue y aterrizaje de los aviones para evitar accidentes, con lo que no se les permite ningún margen de error. Su salario anual ronda los 334.000 euros de media, según Fomento, aunque USCA lo rebaja a unos 200.000.