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Lepe retrasa a la fuerza la privatización del servicio del agua

El Ayuntamiento ya ha recibido de la empresa Aqualia 3,2 millones de euros

La empresa privada Aqualia se ha quedado con todo preparado, pero sin permiso para actuar. La compañía de servicios debía haber comenzado ayer, día 1 de enero, la gestión del agua y alcantarillado de Lepe (Huelva), tal y como se firmó en el contrato con el Ayuntamiento hace un mes. Pero la privatización no se ha ejecutado por posibles irregularidades en el procedimiento administrativo.

Un auto judicial paralizó el servicio de forma cautelar el pasado 23 de diciembre. Aqualia había ingresado en las arcas municipales el primer monto (3,2 millones de euros) de un total de 10 que se comprometió a pagar para hacerse con el servicio del agua durante los próximos 25 años. Ahora, el consistorio tendrá que devolverlos si no se presenta un recurso a la resolución o si éste no prospera. El alcalde de la localidad, Manuel Andrés González (PP), que durante el último año ha hecho del agua su bandera, tuvo que admitir la derrota. "Tendremos que esperar un tiempo más. Nuestros servicios jurídicos están valorando el auto y Aqualia no puede hacerse cargo del servicio de momento", reconoció ayer. "El acuerdo con la empresa se suspende mientras se aclaran las discrepancias judiciales", sentenció el alcalde.

La oposición afirma que la concesión sólo persigue sacar más ingresos

El tema del agua ha desencadenado en Lepe durante 2009 decenas de plenos, votaciones, consultas y enredos políticos en los que González, presidente provincial del PP en Huelva, acusa al PSOE de querer "boicotear" la privatización del servicio y de que la empresa pública Giahsa "siempre dio la espalda al municipio porque lo gobierna el PP". Según González, en casi siete años de alcaldía, "nunca invirtieron un céntimo en obras para Lepe". Los socialistas, por su parte, argumentan que el Ayuntamiento necesita dinero y lo quiere sacar de donde sea.

El Ayuntamiento de Lepe había aprobado el 10 de octubre la privatización en contra de la opinión de PSOE, PA, IU, UPyD, y del comité de empresa de Giahsa. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Huelva ha sido el encargado de paralizar el proceso y de reafirmar la validez de un primer auto en el que quedaba suspendida la decisión del pleno del Ayuntamiento del 4 de febrero de privatizar el servicio. El auto judicial deja sin efecto, a su vez, el segundo acuerdo plenario, del pasado 25 de agosto, en el que el consistorio rescataba el servicio de agua y alcantarillado tras intentar, sin éxito, privatizar todos los servicios que gestionaba Giahsa en el municipio.

El alcalde de Lepe se temía ayer lo peor: "Aqualia pedirá daños y perjuicios si la privatización al final no se lleva a cabo". Sobre las ventajas de la compañía, "una de las mejores internacionalmente", el alcalde se mostró contundente: Casi diez millones de euros para el Ayuntamiento, dos millones de inversión en obras y dos oficinas de información, una en Lepe y otra en La Antilla. "Antes, cuando un lepero tenía alguna duda sobre el agua, se tenía que ir hasta Aljaraque", cuenta González.

La resolución judicial hace que el Ayuntamiento quede integrado de nuevo en Giahsa, que abastecía de agua a Lepe y a la mayoría de los pueblos de la costa occidental onubense y que, desde ayer, forma parte de la nueva empresa Mancomunidad de Servicios de Huelva (MAS).

El presidente de Giahsa y ahora de MAS, Miguel Novoa, aseguró ayer: "Todo lo que dice el alcalde es radicalmente falso. Primero, Lepe fue uno de los pueblos que constituyó Mancomunidad de la Costa, cuya empresa instrumental es Giahsa. Las grandes inversiones de la provincia están hechas en Lepe, como las plantas depuradoras, y con el mismo reparto equitativo que el resto de los pueblos".

Sobre las ventajas de la privatización, Novoa apostilló: "El único motivo es que necesitan dinero y todo son excusas para argumentar su decisión de privatizar".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de enero de 2010