Los PGOU tardan más tiempo en elaborarse que el que duran en vigor

A punto de cumplirse siete años desde que entró en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el 20 de enero de 2003, la inmensa mayoría de los ayuntamientos no han logrado elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) adaptado a la normativa, pese a que ésta fijó un plazo de cuatro años para ello.

Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de poner de manifiesto que los procedimientos de revisión y adaptación del planeamiento urbanístico resultan muy "complejos y laboriosos" y que el cumplimiento de todos los trámites previstos "se prolonga excesivamente en el tiempo", de tal manera que concluye que "los planes generales están más tiempo redactándose y revisándose que en ejecución".

Los municipios emplean una media de 12,3 años en tramitar sus planes

La Cámara de Cuentas recomienda acelerar los informes sectoriales

Del análisis de los 28 municipios mayores de 50.000 habitantes, objeto de la fiscalización, se concluye que la media que emplean en elaborar un plan desde que se produce el acuerdo de pleno de inicio del procedimiento de revisión hasta que se obtiene la aprobación definitiva, se tarda una media de 12 años y tres meses.

Una de las consecuencias de este laborioso procedimiento y de los retrasos en la tramitación es que los planes de ordenación urbana son por lo general "bastante antiguos". La mitad de los planes en vigor tienen entre nueve y 18 años, y un 27% supera los 18 años de antigüedad. Resultan especialmente llamativos los casos de Marbella y La Línea, que además de tener en común haber sido gobernados por el Grupo Independiente Liberal (GIL) tienen el planeamiento urbanístico más antiguo de Andalucía, aprobados hace 23 y 24 años, respectivamente.

El caso de La Línea resulta paradigmático de la lentitud de los procedimientos de planeamiento, y es que en noviembre de 1999 el pleno municipal aprobó un documento de avance de un nuevo PGOU. Tres años más tarde, en diciembre de 2002, realizó la aprobación inicial, pero al cabo de siete años no ha sometido aún el documento a aprobación provisional.

Apenas el 23% de los planes en vigor no supera los nueve años y están por tanto dentro del periodo con el que suelen manejarse las previsiones y proyecciones en la planificación urbanística.

Sólo cuatro de los 28 municipios principales han completado un proceso de adaptación plena de su planeamiento a la LOUA: Sevilla, El Ejido, Jerez y Roquetas. Estos dos últimos se aprobaron definitivamente una vez acabado el trabajo de campo de los auditores, motivo por el que figuran en la tabla adjunta, en la que se detalla el estado de la tramitación de los planes en los municipios que aún no han concluido el proceso.

Hay otros tres municipios que tienen adaptados sus planes porque los elaboraron durante el tiempo de aprobación de la ley, por lo que aunque se rigieron por el procedimiento antiguo, si adaptaron las determinaciones sobre usos de suelo a la LOUA. Se trata de Chiclana, Motril y Benalmádena.

Aún quedan 21 ayuntamientos que están inmersos en el procedimiento de revisión de sus planes, pero que no han logrado concluirlos. De ellos 10 se han acogido a la fórmula de la adaptación parcial que la Junta habilitó mediante decreto en enero de 2008 al objeto de favorecer la disposición de suelo para VPO. Se trata de un procedimiento rápido para poner al día las determinaciones que afectan a la ordenación estructural; y no impide que los municipios que lo hagan tengan que completar una revisión completa de su planeamiento.

Los ayuntamientos que se han inclinado por esta fórmula intermedia son Córdoba, Granada, Jaén, Algeciras, La Línea, El Puerto de Santamaría, Linares, Vélez Málaga, Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas.

Pero toda la responsabilidad de los retrasos no son imputables a los municipios. La Cámara de Cuentas constata la tardanza con la que suelen emitirse los informes sectoriales preceptivos que dependen de otras administraciones, algunos de los cuales son vinculantes y recomienda reformar la legislación "con la finalidad de que no se dilaten en exceso los procedimientos". El informe recoge por ejemplo las alegaciones del Ayuntamiento de Fuengirola que se queja de que los informes de Carreteras y de impacto ambiental a la aprobación provisional han tardado 19 y 17 meses, respectivamente.

La Cámara admite también que en los retrasos en la tramitación de los planes ha influido "de manera decisiva" la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y de los planes subrregionales.