PP y BNG lanzan sin el PSOE la reforma legal para fusionar las cajas

El PP y el BNG son fieles compañeros de viaje en la reforma de la Lei de Caixas y lo demostraron ayer en el debate del proyecto que tuvo lugar en la Comisión de Economía. Por nueve votos a favor contra cuatro de los socialistas, sacaron adelante el texto con el que pretenden impulsar la fusión de Caixa Galicia y Caixanova a la que se opone el PSOE, pero deslizaron modificaciones sustanciales para evitar que un posible recurso tumbe la norma.

La futura ley, que el martes llega al Parlamento para su aprobación definitiva, no obligará a renovar por completo los órganos de gobierno (asambleas y consejos) de las cajas, como inicialmente habían pactado nacionalistas y populares. No lo hará porque "hay sentencias", que lo aconsejan, como reconoció ayer el portavoz nacionalista, Fernando Blanco. Se refería a un fallo del año 1988 del Tribunal Constitucional en el que se estima que la normativa básica de las cajas obliga a que los órganos de gobierno sean estables en el tiempo y no se renueven de golpe.

Con las modificaciones, la renovación afectará al 75% de los consejeros y el 25% restante se mantendrá durante un año. Los que se quedan en las cajas son la mitad de los impositores que ocupan puestos en las asambleas de Caixa Galicia y Caixanova (24 en cada una). La otra mitad, empezando por quien no cumple por criterios de edad (como el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso) dejarán las asambleas para ser sustituidos por clientes elegidos por sorteo directo. Los empleados tampoco tendrán que volver a votar, ya que mantendrán a sus 16 representantes en cada caja hasta 2011. Quien sí entrará es la representación del Parlamento gallego, que designará el 25% de los órganos de gobierno en Caixa Galicia y el 20% en Caixanova.Otra de las modificaciones acordadas ayer hará que la ley permita que los representantes de los empleados se elijan también de forma proporcional al apoyo que reciba cada candidatura -hasta ahora se integraba en los órganos de gobierno únicamente la lista mayoritaria, UGT en A Coruña y el sindicato CSICA en Vigo-. El texto mantiene la rebaja de la participación municipal en un 5% con carácter general y del 10% en el caso de los impositores.

El portavoz económico del PP, Pedro Puy, presentó la proposición de ley como un instrumento para "despolitizar", estas instituciones, y se basó en el acuerdo sobre el artículo 25, que prohíbe que políticos en activo sean consejeros por cualquiera de los grupos que gobiernan las cajas excepto los empleados. "Una cosa es politizar y otra cosa supervisar", aclaró Puy, "lo público está en las cajas, no los partidos".

Xaquín Fernández Leiceaga, en defensa de la postura de los socialistas, se quedó solo en el rechazo al texto. Poco queda de la foto que su líder, Manuel Vázquez, se hizo el pasado 25 de noviembre con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y Guillerme Vázquez (BNG) para impulsar la ley. "El proyecto ya no tiene nada que ver con la propuesta inicial", repitió ayer Leiceaga, al que sus compañeros de oposición le agradecieron el "tono cordial", que ha mantenido durante toda la negociación.

Los socialistas no están de acuerdo en que la renovación se realice en sólo dos meses, cuando para adaptar los estatutos, las cajas tendrán medio año. Otra de las fricciones está en el sometimiento de la obra social al criterio de la Consellería de Facenda (siempre que la inversión supere el medio millón de euros en tres ejercicios) y en el hecho de que los consejos de administración no puedan tener a más de un representante del mismo municipio. "Es el castigo a las ciudades que no votan al PP", aseguró ayer el socialista y presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Carlos Fernández. Con la norma, Vigo deberá de abandonar uno de los dos puestos que ocupa en el consejo de Caixanova.

De este modo, el PSdeG mantendrá buena parte de sus enmiendas hasta el último día. "No se puede llegar a acuerdos con quien quiere meter palos en las ruedas", lamentó Puy, que se mostró "abierto a negociar", hasta el último momento. "Lástima que haya algunos que no quieran echar una mano".

Mientras se celebraba el debate en la Comisión de Economía del Parlamento, Feijóo también hablaba de cajas, después de presidir el Consello de la Xunta. Al comparar el papel del Gobierno central ante la fusión entre las cajas gallegas que quiere la Xunta con el que mantiene con comunidades como Cataluña o Andalucía, Feijóo denunció un "evidente doble rasero". "Está constatado un doble rasero dejando modificar la ley catalana de cajas, un dobre rasero impulsando la fusión de las cajas catalanas y la fusión de las andaluzas desde el Gobierno de España y desde el Banco de España", reprochó, aunque no quiso hablar de "boicot" desde el Estado.

Feijóo arremetió contra la cercanía de la postura del PSdeG, que se ha descolgado del acuerdo para modificar la ley de cajas este mismo mes, con la de la vicepresidenta segunda del Estado y ministra de Economía, Elena Salgado. "Hay unha evidente coincidencia entre el Gobierno de España y los intentos de algunos en Galicia por impedir que Galicia siga en el mapa financiero español", afirmó. A pesar de eso, el titular de la Xunta insistió en que Galicia "tiene que cumplir" con sus competencias y que su obligación es "mantener el compromiso inicial" al que llegaron los tres partidos. Por ello, avisó al PSdeG que puede "cometer un error histórico" si no rectifica y vuelve al consenso.

El titular de la Xunta criticó también la confrontación entre los alcaldes de Vigo y A Coruña, de los que, dijo, es "absolutamente lamentable que sean del mismo partido". "Si es posible, que hablen con su secretario general y tengan una opinión", pidió. Feijóo aprovechó para recordar que "destacados dirigentes socialistas", en referencia al ex presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, "hablaron conforme a los intereses de Galicia". "Es un partido dividido", aseguró.