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Los sindicatos reclaman sin éxito el requisito lingüístico en la función pública

María Fabra

La falta de acuerdo para incluir una recomendación favorable a la introducción del requisito del valenciano para el acceso a los cuerpos y escalas de la Administración impidió que el Comité Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana aprobara por unanimidad el anteproyecto de ley de la función pública.

Los representantes de los sindicatos CC OO y UGT emitieron un voto particular al dictamen tras el rechazo a la incorporación del requisito lingüístico. En un comunicado conjunto, ambas centrales consideran que el anteproyecto de ley contiene elementos "que mejorarán no sólo las condiciones de trabajo de los más de 200.000 empleados del conjunto de las administraciones públicas valencianas, sino los servicios públicos que recibe la ciudadanía".

Sin embargo, la ausencia del requisito lingüístico motivó que el voto de los representantes de los trabajadores fuera en contra del dictamen del CES, pese a que éste incluye muchas de las aportaciones realizadas por CC OO y UGT. Una de las aportaciones de los sindicatos, aceptada por el pleno del Comité Económico y Social, fue el establecimiento de baremos accesibles en las pruebas físicas a las que concurran mujeres, para evitar la discriminación por razón de sexo. También se ha logrado que el texto garantice que el personal funcionario en prácticas pueda recibir los trienios correspondientes al servicio prestado.

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