28 detenidos por resistirse al derribo de viviendas ilegales en Chiclana

No querían salir de sus casas y acabaron detenidos por resistencia a la autoridad. El propietario de las diez viviendas ilegales de Chiclana (Cádiz), sobre las que pesaba una orden de derribo, y algunos familiares y vecinos trataron de aguantar hasta el final pero el despliegue policial consiguió vencer su resistencia, desalojar todos los inmuebles y proceder a la demolición. La actuación ordenada por el juzgado y ejecutada por el Ayuntamiento se saldó con 28 detenidos, entre ellos, el promotor, que luego fueron quedando en libertad con cargos. Sus allegados protestaron frente al Consistorio.

El viernes la presión vecinal había impedido la ejecución del derribo y ayer se desplazaron hasta la zona decenas de agentes, algunos especialistas antidisturbios. Cortaron los accesos a la calle de las viviendas y prepararon la entrada de las piquetas. Para entonces el propietario y sus parientes se habían atrincherado en sus casas y habían empezado a llamar a sus vecinos.

El promotor se encaramó al tejado de una de las casas con un cuchillo

Pero esta nueva movilización no frenó esta vez el trabajo de las máquinas. Algunos inquilinos ya se habían marchado de sus casas, que fueron ocupadas por familiares del dueño. Entonces se registraron los momentos más tensos. El propietario de la parcela, y promotor de las diez viviendas, llegó a encaramarse a un tejado con un cuchillo. Los agentes lograron reducirle tras varios intentos. Fue entonces cuando se procedió al arresto de los presentes por desobediencia y resistencia a la autoridad. Con las calles despejadas, las piquetas empezaron a funcionar.

La historia de estas viviendas había empezado en 2007 cuando su promotor había decidido dividir una parcela de 4.700 metros cuadrados en diez para repartirla entre familiares y otros inquilinos, a los que cobraba un alquiler de 550 euros. Según el Ayuntamiento, la mayoría de arrendatarios no sabían entonces que sobre sus casas pesaba una orden de derribo. De hecho, ayer una de las afectadas, Estefanía Laínez, anunció que presentará una demanda contra el constructor: "Me siento estafada. Yo sabía que mi casa era ilegal, como lo son todas las de Chiclana. Pero el dueño sabía que las iban a tirar. El 19 de noviembre se me acababa el contrato y él me dijo que era renovable por cinco años. Entonces seguro que ya sabía que iban a derribar". De momento, han sido realojados en un hostal gracias al Ayuntamiento. "Estoy encerrada entre cuatro paredes". Según su relato, el dueño de las casas le comunicó el inminente derribo el pasado jueves, sólo un día antes de la primera fecha prevista para la demolición.

El Ayuntamiento justificó el derribo en que existía una orden judicial que marcaba como fecha tope el 26 de diciembre. También en que era intención del promotor vender las viviendas de forma inminente. "Hemos evitado perjudicar a unos terceros", celebró la edil de Urbanismo, Cándida Verdier. Según el Consistorio, el dueño podría haber obtenido tres millones de euros en esa operación.