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125 inocentes, presos por graves errores desde 2002

Justicia ha pagado 500.000 euros a víctimas de equivocaciones

Los terribles errores que en ocasiones depara la maquinaria judicial no siempre son resarcidos económicamente. Y si lo son, las cantidades no suelen ser para tirar cohetes. Según el Ministerio de Justicia, 125 personas han sufrido gravísimos errores judiciales (detenciones o condenas carcelarias) entre 2002 y 2009 por actos ajenos. La confusión de identidades es una de las causas que propician estos errores. En estos años, el Estado, a través de Justicia, sólo ha indemnizado en 17 casos, que totalizan unos 500.000 euros. Hay también expedientes que siguen aún vivos porque las víctimas, disconformes con la exigua cantidad aprobada, han recurrido. El resarcimiento del Estado a veces es sólo moral y se limita a una admisión del error.

Una de las causas de estos desaciertos es la confusión de identidades

Beneficiaria de uno de estos resarcimientos ha sido, por ejemplo, Dolores Vázquez, que se pasó 17 meses en la cárcel por el asesinato de Rocío Wanninkhof, cuyo autor luego se descubrió que había sido Tony Alexander King. Justicia le concedió 120.000 euros, unos 230 euros por cada unos de 519 días que estuvo entre rejas. No consta que Vázquez haya cobrado ya esa cantidad, de lo que se infiere que ha recurrido.

El pago más abultado se corresponde con un expediente de 2005. Son 132.764 euros fijados por la Audiencia Nacional por un error judicial consistente en que un juez no aplicó, en un caso de accidente de tráfico con víctimas, el baremo oficial de indemnizaciones. La compensación más baja de las aprobadas y ya abonadas es de 901 euros a un encausado en 2002. Muchas indemnizaciones son decretadas por los tribunales de lo contencioso-administrativo. Este fue el caso, por ejemplo, de un joven discapacitado psíquico y físico a quien, en 2008, la Audiencia ordenó resarcir con 90.000 euros, más los intereses devengados, tras haber pasado casi dos años en la cárcel falsamente acusado de matar a golpes y mordiscos a un compañero de la residencia malagueña en la que estaba.

El Poder Judicial suele intervenir en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado. El ministerio le pide que exponga su opinión sobre errores. El órgano de gobierno de los jueces no entra en las equivocaciones judiciales puras y duras (encarcelamientos o detenciones por crasas equivocaciones de los juzgados), que son competencia de los tribunales ordinarios. En cambio, sí da su opinión, a favor o en contra de la indemnización, cuando la víctima acredita que el error es atribuible a un anormal funcionamiento del órgano judicial: por ejemplo, una dilación injustificada del proceso o testigos que sufren un perjuicio económico tras ser citados por error a un juicio que, para colmo, luego es, por ejemplo, suspendido. También en caso de embargos equivocados de bienes de personas ajenas al proceso judicial.

Los errores judiciales más sangrantes surgen cuando los jueces detienen o privan de libertad a un inocente. Luego hay otros que la justicia entiende menos graves y que no siempre son resarcidos: por ejemplo, el encarcelamiento preventivo de un sospechoso que más tarde es exculpado mediante sentencia por falta de pruebas.

Según el Ministerio de Justicia, entre 2002 y 2009 fueron privadas de libertad y luego quedaron libres de culpa al archivarse la causa contra ellos por falta de pruebas 1.318 personas. Son muchas las personas que se sienten, con mayor o menor razón, vapuleadas por la justicia y que dan el paso de presentar una reclamación. El porcentaje de expedientes estimados, dándoles la razón, apenas llega al 20%. En los últimos seis años, el ministerio abrió 3.707 expedientes por anormal funcionamiento de la Administración de justicia; pero, al final, sólo se estimaron 628. 2006 fue el año, en el periodo analizado, con más reclamaciones por errores, 620. Sólo 83 fueron estimadas.

Grandes fallos que salen muy baratos

Las indemnizaciones que paga el Ministerio de Justicia rara vez son elevadas. Ibolya C. fue detenida el 4 de febrero de 2007 mientras estaba en Murcia en un congreso al que había acudido por motivos profesionales. Un juzgado de Almería había emitido contra alguien que tenía su mismo nombre una orden de busca y captura. Al ser fin de semana, el juzgado almeriense estaba cerrado y el de guardia ignoraba el asunto. Estuvo muchas horas en los calabozos policiales hasta que, al día siguiente, laborable, se deshizo el entuerto. Fue detenida en su hotel, delante de otras personas, con la consiguiente vergüenza e impotencia para ella. El ministerio le ha reconocido una indemnización de 1.084 euros, que aún no ha percibido.

El caso de Moustafe G. es aún más grave. Le confundieron con otra persona y pasó 19 días preso por un lío entre juzgados de Huelva y Granada. Le detuvieron en Lleida en abril de 2006 e ingresó en prisión. Tuvo que buscar y pagar a un abogado que le ayudase a hacer comprender a ambos juzgados que él no era la persona sobre la que pesaba una orden de busca y captura para cumplir una condena de un año y tres meses de cárcel. Justicia le ha concedido una indemnización de 2.160 euros, que fue pagada el 3 de febrero. Pero la víctima de este error discrepa de la indemnización y ha presentado un recurso.

Entre el abanico de crasos errores figura también el de un padre de San Sebastián encarcelado casi dos meses acusado de abusar sexualmente de su hija. A pesar de los informes oficiales que lo exoneraban de culpa, el hombre estuvo encausado durante cinco años, y sin poder ver a su hija, hasta que el juzgado, de Irún, tuvo a bien archivar el caso. El ministerio le reconoció el 20 de julio, por dilaciones indebidas del proceso, una indemnización de sólo 1.000 euros. No ha cobrado aún el dinero porque lo considera escaso para el daño moral sufrido y ha recurrido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de diciembre de 2009

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