Entre la justicia y la muerte

Pocas certezas hay después de la muerte. Una de ellas es que, si uno fallece en Guipúzcoa y el caso tiene algo sospechoso que debe ser investigado por la justicia, en algún momento el fallecido tendrá que hacer una parada en el Instituto Vasco de Medicina Legal. El olor a formol impregna el ambiente del subsuelo donde Luis Querejeta, jefe de Patología del servicio y testigo de excepción de la historia de la muerte en este territorio, traducirá al lenguaje jurídico todo cuanto revela el cuerpo humano.

Si se le pregunta por algún caso que le haya marcado especialmente, no menciona los crueles asesinatos del comando Donosti de ETA en la provincia, ni ningún crimen pasional. "Me acuerdo mucho de una niña a la que su abuelo le compró un caramelo de esos que viene con chicle dentro. Se atragantó y se murió". Es difícil ser creyente, añade, en un lugar donde la crónica negra del país es el eje central de tu paisaje diario.

Las autopsias son una ínfima parte del trabajo que realiza el servicio

El instituto forense ha dado pasos de gigante en su funcionamiento en las últimas décadas. Atrás queda la era en la que todo el instrumental cabía en una caja de madera proporcionada por el Ministerio del Interior. "Teníamos que apañarnos como podíamos para esterilizarlo todo", recuerda David del Valle, subdirector del servicio en Guipúzcoa. Una época en la que algunas autopsias en pequeños municipios se realizaban en el mismo cementerio, descolgando una puerta para usarla como mesa improvisada y en la que el mismo forense dependía de un juzgado. "Éramos un poco forenses del renacimiento", bromea Del Valle, quien explica cómo el servicio se ha profesionalizó a principios de la década, al centralizarse todo en San Sebastián, permitiendo así ganar en eficiencia con equipos especializados para cada una de las tareas.

Curiosamente, el número de autopsias realizadas a lo largo del año es insignificante en comparación con el resto de tareas del instituto. Labores como los reconocimientos tras accidentes de tráfico y agresiones para valorar el alcance de las heridas ocupan una buena porción de las casi 30.000 actuaciones realizadas en Euskadi el pasado año. Su trabajo también incluye informes psiquiátricos para determinar si alguien está o no en posesión de sus facultades mentales, pruebas de toxicomanía, reconocimientos en casos de agresiones sexuales y un largo etcétera.

"Muchas de las pruebas que ahora podemos realizar aquí antes tenían que ser enviadas a Madrid", recuerda Querejeta, curtido en el oficio después de 19 años de profesión. El tiempo de espera podía llegar hasta los dos años. "Hay preguntas que a veces carecen de interés judicial, pero sí lo tienen para las familias. ¿Qué falló? ¿Por qué se murió? No podemos dejarles esperando dos años; es fundamental para el duelo que tengan una respuesta rápida". El servicio espera poder realizar a medio plazo también las pruebas de ADN.

Guipúzcoa se sumará en breve a la experiencia, ya puesta en marcha en Vizcaya, de crear una oficina de atención integral para las víctimas de violencia de género. La idea es centralizar toda la asistencia, tanto psicológica como sanitaria, en el mismo lugar donde se realizan las valoraciones periciales. "Queremos evitar que la afectada sufra una doble victimación, hay que facilitarle las cosas", resume Del Valle.

La escasez de médicos también repercute en el relevo. "Las sustituciones en Osakidetza se pagan mejor", explica el subdirector. "¿Qué hace falta para dedicarse a esto? Hay que tener conocimientos muy amplios, que te motive la investigación", añade. Querejeta resalta por su parte que la clave de todo es no humanizar demasiado el cuerpo, mantener la distancia, verlo como un objeto de estudio. Aun así, reconoce, hay casos que no se olvidan nunca.