Nadie invierte en I+D

El encuentro en la última planta del hotel Valencia Palace discurría por un camino previsible cuando Francisco Pons, presidente del lobby empresarial AVE, pidió a Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, su opinión sobre cuatro asuntos. La reducción del 15% del presupuesto de su departamento para 2010. La falta de ejecución de parte de los fondos de ese mismo ministerio en 2009. La discriminación de la que han sido objeto los institutos tecnológicos valencianos (fundados, recordó, por el ex presidente Joan Lerma). Y la decisión del Gobierno de separar de nuevo las competencias en innovación y universidades (estas últimas han vuelto a Educación).

Antes de iniciar su discurso Garmendia respondió a dos (y media) de las preguntas. Y lanzó una carga de profundidad. El crecimiento del gasto en I+D+i en la Comunidad Valenciana fue 12 puntos inferior a la media española en el periodo entre 2004 y 2008. Pero el retraso no fue homogéneo: el aumento del sector privado valenciano (que partía de bastante atrás) fue 25 puntos mayor que la media española; el incremento de la inversión del Consell fue, en cambio, 20 puntos menor al promedio de gobiernos autonómicos. "Las comunidades autónomas no pueden eludir su responsabilidad", "el esfuerzo de la Generalitat valenciana no ha sido suficiente", declaró Garmendia.

Quizá la mayor barrera que encuentran las firmas valencianas para invertir en I+D+i es el tamaño: predominan las medianas y las pequeñas. Francisco Pons afirmó que desde AVE se intenta consolidar un grupo de empresas con bastante músculo como para superar esa debilidad, y pareció pedir a Garmendia el apoyo del Gobierno para lograr el objetivo.

AVE y la patronal de la provincia de Valencia, la CEV, han publicado en el último mes documentos complementarios en los que manifiestan la necesidad de cambiar el modelo. Señalan el mismo camino, pero mientras la CEV pone el acento en la innovación (que en mayor o menor grado está al alcance de todas las empresas que integran la patronal), AVE (cuyos 92 socios facturan de media 300 millones de euros) abre el objetivo a la investigación y el desarrollo.

La reducción del presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación ronda el 15% en los fondos no financieros. La mayor parte del tijeretazo (temporal, dijo Garmendia) se lo llevan los Organismos Públicos de Investigación dependientes del Ejecutivo (caso del CSIC o el CIEMAT). La ministra afirmó que la decisión llega después de que el Gobierno haya invertido en 59.000 millones de euros en I+D+i en los últimos cinco años, "una cifra superior a la acumulada en los 10 años anteriores". No disminuyen, en cambio, los créditos blandos para fomentar la innovación empresarial. Es hora, dijo Garmendia, de "convertir la potencia científica del país en potencia económica"; de "convertir ese conocimiento en productos, servicios, procesos y bienes que incidan en la creación de valor económico".