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El PSOE arropa al alcalde de Estepona tras ser imputado por prevaricación

Valadez ordenó derribar la casa ilegal por la que le denunció un edil 'gilista'

Fernando J. Pérez

El alcalde de Estepona (Málaga), David Valadez, recibió ayer un espaldarazo de la ejecutiva regional del PSOE después de que una juez de la localidad le imputara por un delito urbanístico en relación con una vivienda ilegal a pesar de que el regidor había ordenado su derribo y multado a su propietario con 157.415 euros. El secretario de organización del PSOE andaluz, Rafael Velasco, defendió la "honestidad y buen hacer político" del regidor esteponero y acusó al Partido Popular, que ha pedido la dimisión de Valadez y la convocatoria de elecciones anticipadas, de llevar a cabo una estrategia "histérica y miserable".

"Valadez está intentando poner orden en un Ayuntamiento como el de Estepona, que ha recibido un duro golpe", afirmó Velasco, en referencia a la operación Astapa contra la corrupción, denunciada por Valadez y que se saldó con la detención del ex regidor socialista Antonio Barrientos y otros seis ediles. "Mientras tanto, el PP se dedica a hacer una oposición miserable y conchabada con imputados y herederos del GIL". Por su parte, el vicesecretario socialista andaluz, Luis Pizarro, aseguró que "no hay caso" en Estepona y que se está ante "una actuación correcta de un alcalde".

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La imputación de Valadez, y de otras dos personas, se deriva de una denuncia que el edil Juan Manuel Rodríguez, entonces en la formación posgilista Partido Estepona (PES), realizó en diciembre de 2008. Rodríguez informó a la fiscalía de que el jefe de gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez, se había construido una vivienda ilegal en su campito -nombre que reciben los terrenos rústicos de las afueras de Estepona, cuajados de casas-. En marzo de 2007, cuando el colaborador de Valadez escrituró la vivienda ante notario presentó un certificado de un arquitecto técnico, que establecía que la vivienda había sido construida sobre una casa anterior que tenía más de cinco años de antigüedad, única forma de que la nueva vivienda fuera legal. La casa primitiva, por tanto, debía ser anterior a marzo de 2002. Sin embargo, una fotografía aérea sacada en septiembre de 2004 por el Instituto Geográfico Nacional mostraba que sobre esa parcela, de 5.000 metros cuadrados, no había construcción alguna en esa fecha, según la denuncia de Rodríguez. Por lo tanto, la casa de Luciano Sánchez, en suelo de protección ambiental, era ilegal.

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La supuesta irregularidad había sido publicada el 31 de octubre de 2008 en un periódico local de Estepona. Tras conocer la noticia, el 5 de noviembre de ese año, Valadez abrió un expediente y pidió al Departamento de Disciplina Urbanística que investigara los hechos. El regidor hizo este movimiento un mes antes de que el concejal posgilista registrara su denuncia. El expediente siguió su curso: el 7 de enero de 2009, Valadez decretó "la inmediata suspensión de las obras". El 16 de junio, puso a Sánchez una multa de 157.415 euros, cantidad equivalente al 250% del valor de tasación de la vivienda ilegal, de acuerdo con la ley urbanística de Andalucía. Finalmente, el pasado 21 de septiembre decretó la demolición de las obras, realizadas sin licencia municipal.

Pese a ello, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Estepona ha imputado a Valadez por prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delitos. Valadez llevó ayer la documentación del expediente a la juez. "La indefensión es absoluta y estoy convencido de que este asunto se archivará", afirmó el regidor, que rechazó de plano la idea de dejar su cargo.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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