La oposición se niega a dar carpetazo a la deuda histórica

Ni final de una etapa, ni solución de un contencioso de décadas, ni (aún mucho menos) éxito o cualquier atisbo de orgullo. Populares e izquierdistas anunciaron ayer una guerra jurídica y política sin cuartel contra la fórmula que la Junta ha acordado con el Gobierno para liquidar lo que resta de la deuda histórica (784,21 millones de euros): la cesión de la sociedad que gestiona los activos de la Expo 92, Agesa, y 18 solares en cuatro provincias. Como lamentó la propia consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, en el cierre de su comparecencia de ayer en el Parlamento, PP e IU usaron casi todos los sinónimos que contiene el diccionario de los términos traición, indignidad y humillación para definir la gestión del Ejecutivo autonómico en esta reivindicación legendaria. Además, negaron la capacidad de la Administración autonómica, en tiempos de depreciación del suelo, de sacar rentabilidad inmediata a los terrenos para cubrir las inversiones previstas en los Presupuestos andaluces de 2010 con cargo a estos fondos.

Valderas: "¿Si es tan fácil vender el suelo por qué no lo hizo el Estado?"

Martínez Aguayo se defendió. "La fórmula es legal, oportuna y ventajosa. Monetarizaremos algunos suelos, los enajenaremos y cerraremos un negocio jurídico". Tras reiterar que la lista de solares es "provisional" y "hasta que las tasaciones no estén bien claritas, no se aceptará nada", sentenció: "La Junta puede vender patrimonio y lo haremos".El debate parlamentario respecto al pretendido colofón de la batalla política más añeja de los partidos andaluces discurrió sobre los cauces previsibles. Apenas nada que no se hubiera contado en días atrás, salvo cinco o seis variantes novedosas de adjetivos despectivos del acuerdo (de la parte de la oposición) y frases rimbombantes acerca de la importancia histórica del momento (de la parte del Gobierno andaluz y el PSOE).

De la relación de solares cedidos, sí se puede extraer, sin embargo, alguna cifra sobre las viviendas que irán sobre ellos. Carmen Martínez Aguayo -quien se esforzó en ser muy didáctica y desmenuzar los números de los que dispone, sin ningún resultado- desgranó el volumen de edificación previsto para cada uno, cuya suma arroja un total de 4.406 casas, 1.262 de protección oficial y 3.144 de venta libre. En porcentaje: un 71% será para casas o pisos a precio de mercado.

La consejera defendió la rentabilidad del "negocio jurídico" de la enajenación de los 18 solares y dijo que es precisamente con el suelo a la baja cuando hay que comprarlo porque en el futuro estará al alza. Como argumento de peso citó que EPSA, la empresa pública del suelo de la Junta -que será la encargada de "llevar a buen fin este negocio"- está adquiriendo ahora terrenos en Málaga y que el pago en solares e intercambios es una práctica habitual entre las administraciones, como se hizo, recordó, con el hospital militar de Sevilla entre la Junta y el Ministerio de Defensa con la regencia del PP.

Y como piensa hacer la Junta, si el Ayuntamiento de Cádiz mantiene sus proyectos, con el último suelo edificable de esta ciudad, uno de los solares entregados por el Estado con cargo a la deuda histórica. "Monetarizaremos algunos suelos, los enajenaremos y cerraremos un negocio jurídico", dijo la titular de Economía, tras echar en cara al PP que censure el pago en terrenos de la deuda histórica mientras recomienda a la Junta que venda su patrimonio para invertir en lugar de recurrir al endeudamiento. "La Junta puede vender patrimonio y lo haremos", señaló, y el dinero se destinará a vivienda, a sanidad y a educación, en el marco de la política general de la Administración, "revirtiendo el pago de las asignaciones complementarias en toda la ciudadanía andaluza".

Los oradores de IU y PP, Diego Valderas y Antonio Sanz, aprovecharon las menciones de Martínez Aguayo al "final de una etapa", "cierre del contencioso histórico" o el "orgullo" que siente por haber sido protagonista de este hecho reseñable para construir sus propias frases grandilocuentes, en el extremo contrario, claro. "De punto final, nada; punto y seguido", dijo Valderas, quien anunció una campaña política y jurídica y una "gran movilización" contra esta "rendición". Sanz habló de "desvergüenza, robo y ridículo" y anunció el uso de su grupo de todos los resortes jurídicos e institucionales del Estado para combatir la "afrenta". En el plano práctico, ambos preguntaron si el adelanto por parte de EPSA del dinero de los solares para las inversiones previstas en los Presupuestos de 2010 no va a significar, a la postre, que la que tenga que pagar intereses por el pago de la deuda sea Andalucía, ya que deberá hipotecarse para tener liquidez. En este sentido, Valderas señaló: "Si es tan fácil vender estos solares y va a ser tan ventajoso, ¿por qué no lo ha hecho el Estado y le ha dado el dinero a Andalucía?"