El Poder Judicial negocia a varias bandas la presidencia del Superior

La presidencia del Tribunal Superior de Justicia vuelve a escena. El Consejo General del Poder Judicial tiene previsto abordar su elección en el pleno del próximo día 17, aunque la presencia del punto en el orden del día no está garantizada debido al complejo juego de negociaciones en el que se enmarca. Fernando Ruiz Piñeiro, presidente en funciones desde marzo, opta a la reelección como único candidato de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los otros tres aspirantes que han pasado el examen del Consejo y aspiran a relevarle son de Jueces para la Democracia (JpD): Jaime Tapia, María Victoria Cinto y Manuel Díaz de Rábago.

Allanado el proceso de elección, queda por saber si servirá esta vez para designar al nuevo presidente. En la memoria perdura el fracasado primer intento de votación de marzo, cuando la postura enfrentada de las corrientes conservadora y progresista del Poder Judicial bloqueó el nombramiento. La negociación es compleja y a varias bandas. La presidencia del Superior vasco no es una cuestión baladí en el tablero. En juego entran, como posibles piezas de intercambio, distintos cargos en otras instituciones judiciales como el Tribunal Supremo, los TSJ de Valencia y Cataluña o varias audiencias provinciales repartidas por España.

El Consejo votará por segunda vez el cargo en el pleno del próximo día 17

Valencia y Cataluña forman junto al País Vasco la terna deseada por conservadores y progresistas. Asumido como imposible un pleno, ambas corrientes parecen dispuestas a negociar un forzoso intercambio de cargos en el que la política, pese a la proclamada independencia del Poder Judicial, entra a formar parte del juego. El Superior levantino, con el caso Gürtel en la trastienda, se presenta como irrenunciable para una APM que estaría dispuesta a ceder a cambio en Euskadi. Tras la llegada del PSE al Gobierno vasco, Bilbao ha perdido el carácter de plaza imprescindible que para los jueces conservadores tuvo durante los mandatos nacionalistas del PNV, en especial ante los planes soberanistas del lehendakari Ibarretxe.

La presentación de tres candidatos como alternativa a Ruiz Piñeiro, por el contrario, demuestra la predilección que por el Superior vasco tiene JpD. Los progresistas no verían con malos ojos un segundo mandato de la conservadora María Eugenia Alegret en Cataluña. El problema, y principal escollo para el acuerdo, es que no parecen dispuestos a rendirse en Valencia sin presentar batalla. Quizá por ello, y salvo sorpresa de última hora, la presidencia del Superior levantino quedará fuera del orden del día que el órgano de gobierno de los jueces abordará el día 17, informa Lydia Garrido. En la negociación se incluyen, además, varios puestos en el Supremo y algunas audiencias provinciales que los progresistas estarían dispuestos a sacrificar.

La decisión corresponde a los veinte vocales del Poder Judicial y su presidente. Nueve son de tendencia conservadora y otros tantos de ideología progresista, a los que se añaden dos de sesgo nacionalista. La división del consejo en dos bloques supone el principal obstáculo para la obtención de la mayoría necesaria para designar al máximo responsable del Superior, que requiere el apoyo de trece vocales.

En el proceso de marzo hicieron falta hasta cinco rondas de votación, pero ni con ellas se pudo romper el desempate. Tapia logró entonces once respaldos, mientras que Ruiz Piñeiro se quedó en uno menos. De no fructificar las negociaciones, la historia podría repetirse este mes, lo que abocaría a una tercera convocatoria, inédita hasta ahora.