EA pide a López que explique cómo se va a enfrentar al Gobierno central

EA quiere prolongar la polémica abierta sobre el retraso en las transferencias activas de empleo. Su único parlamentario, Jesús María Larrazabal, ha aprovechado las últimas declaraciones del portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, sobre la reclamación de estas competencias, para solicitar que el lehendakari, Patxi López, comparezca en un Pleno en el Parlamento vasco con el fin de que explique qué va a hacer "para enfrentarse" al Gobierno de Zapatero y conseguir que se transfieran para el 1 de enero de 2010 las políticas activas de empleo.

En su iniciativa presentada en la Cámara vasca, Larrazabal recuerda que, tras reunirse con el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, el pasado mes de mayo el lehendakari anunció que el 1 de enero de 2010 estaría transferida a Euskadi la competencia de las políticas activas de empleo.

Tras recordar la evolución de los hechos tras adelantar este diario el compromiso entre Zapatero y el PNV, Larrazabal pide a López que aclare "qué tipo de criterios está utilizando para enfrentarse al Gobierno español para conseguir su objetivo.

Ayudas a presos

A su vez, el parlamentario de EA ha pedido a la consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia, que explique en el Parlamento vasco por qué suprimen las ayudas a familiares de presos para visitarles en las cárceles.

En la interpelación, a la que ha tenido acceso Europa Press, Larrazabal pide que Mendia comparezca en la Cámara autonómica para aclarar las razones por la que va a desaparecer "la partida presupuestaria de subvención de viajes para visitar a los presos vascos".

El representante de EA subraya que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2010, remitido por el Gobierno vasco al Parlamento "ha retirado la partida de subvención de los viajes que tienen que hacer los familiares para visitar a los ciudadanos vascos que se encuentran presos fuera de Euskadi", y que los Gobiernos de Ibarretxe incluía en sus cuentas públicas.

En este sentido, afirma que el Ejecutivo "tiene la obligación de paliar los perjuicios económicos ocasionados por esta política". Según Larrazabal, "era éste el principal objetivo de la partida presupuestaria que ha retirado el actual proyecto de Ley, pero no el único, ya que es fundamental posibilitar las visitas de los familiares para evitar el desarraigo de los presos y, por tanto, conseguir su reinserción", dice.