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150 minicentrales más pretenden ocupar los ríos pese a su saturación

Las estaciones no alcanzan el 3% de la producción pese a su impacto ecológico

Otra vez las minicentrales. Como ocurrió al final del mandato de Manuel Fraga, cuando la Xunta dio luz verde a un aluvión de estaciones eléctricas en los ríos, la amenaza regresa en forma de casi 150 proyectos en distintas fases de tramitación. Pese al ruido provocado por la intención del Gobierno de Feijóo de recuperar proyectos que paralizó el bipartito, el grueso de las minicentrales que podrían duplicar el número de las ahora existentes no llega de la parte autonómica, sino de la cuenca hidrográfica Miño-Sil, que gestiona el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Sólo en esa parte, la Administración estudia 118 peticiones.

La Xunta ha tratado el asunto de las minicentrales con notables contradicciones. En una comparecencia parlamentaria, la presidenta de Augas de Galicia, Ethel Vázquez, reveló la intención del Gobierno gallego de tramitar las explotaciones que habían sido concedidas antes de la derrota electoral de Fraga, en 2005, que el bipartito nunca tramitó. En total, 31 aprovechamientos hidroeléctricos, que sumar a los 74 que existen en la Cuenca Hidrográfica Galicia-Costa, la de competencia autonómica. El PP aseguró luego que los proyectos eran sólo 15. Ahora, Ethel Vázquez sostiene que no se tramitará ninguno hasta que Galicia disponga de un Plan Hidrológico específico, lo que no ocurrirá al menos hasta el verano próximo. Después, se estudiará la situación "con sumo cuidado", ante la "saturación de los ríos" detectada en los estudios previos. En todo caso, la Xunta reconocerá los derechos concesionales de las últimas minicentrales que permitió el Gobierno de Fraga, lo que aboca a la Administración a autorizar o compensar económicamente.

Los responsables de la cuenca niegan que haya motivos para la alarma
Ante la "saturación" detectada se estudiarán los casos "con cuidado"
A pesar del impacto ecológico, sólo producen el 2,7% de la energía
La confederación Miño-Sil acaba de conceder 63 y tramita otras 55
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De modo más silencioso, la otra confederación, la del Miño-Sil, ha concedido en los últimos meses 63 minicentrales eléctricas, a las que hay que sumar otras 55 en tramitación. Todas ellas, en la parte gallega de esta cuenca, donde en la actualidad existen 69 aprovechamientos hidroeléctricos. Es decir: el número de estaciones podría casi triplicarse. Pero los responsables de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil niegan que haya motivos para la alarma. Y como prueba citan la existencia de 163 peticiones denegadas en los últimos años, de un total de 281 presentadas. "La mayoría se desestiman, y los motivos de la denegación suelen ser estrictamente ambientales", sostiene una portavoz del organismo.

Pese al impacto ecológico de las minicentrales, que afectan de forma muy severa al caudal de los ríos, su proliferación en los primeros años de esta década sólo sirvió para alcanzar el 2% de la producción total de energía. Un informe del Instituto Enerxético de Galicia (Inega) sobre la distribución de la generación eléctrica en la comunidad autónoma en 2002 cifraba la incidencia de estos pequeños aprovechamientos a lo largo de los ríos en un 1,8%, frente al 58% de las grandes centrales térmicas o el 17,8% de la energía hidráulica convencional. La eólica era entonces del 10,6%.

En 2006, un nuevo estudio del Inega elevaba la energía procedente de las minicentrales a 68 ktep o kilotoneladas equivalentes de petróleo (2,7%), una cifra muy pequeña, si se compara con los 401 obtenidos de biomasas y biocombustibles, los 429 del gas natural, los 519 de la eólica o los 600 de las grandes hidráulicas. Y a distancia sideral de los 6.129 obtenidos del crudo y los 1.049 del carbón. Aunque se trata de una energía renovable, las organizaciones ecologistas vienen advirtiendo desde hace años del daño ambiental que provoca esta renacida fiebre eléctrica, que supone la privatización de ríos, con la entrega de la llave del caudal a empresas privadas. Su construcción supone además la destrucción de caminos y cambios en el lecho del río.

El decreto enigmático

Tan enigmático es el decreto como la interpretación que de él se ha hecho. El 10 de noviembre de 2005, a los pocos meses de tomar posesión, el Gobierno de Emilio Pérez Touriño aprobaba un decreto de enunciado no menos cabalístico: el 555/2005. Se trata de la norma por la que se adoptaban "medidas provisionales en relación con la utilización del dominio público hidráulico".

El decreto fue anunciado como un gesto de ruptura con los planes del Gobierno anterior, que pasaban por duplicar la capacidad de las minicentrales en el horizonte de 2010. Fraga concedió aprovechamientos sin concurso público, muchos de ellos rodeados de polémica por la identidad de los beneficiarios.

El 555/2005 supuso en la práctica la revisión del plan sectorial hidroeléctrico del Gobierno anterior y la suspensión de la tramitación de las solicitudes de concesiones, hasta la aprobación de un nuevo plan. Su artículo 3º dice: "Quedan excluidas de la suspensión las concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos otorgados con anterioridad al presente acuerdo, sin perjuicio de los recursos que legalmente procedan".

Ninguno de los proyectos afectados por este artículo 3º llegó a tramitarse durante la pasada legislatura, pero el reconocimiento de esos derechos es el asidero al que ahora se agarra la Xunta para anunciar, y después desmentir, su definitivo impulso. Se trata de 31 minicentrales que quedan en un limbo jurídico, pero a las que el Gobierno del PP no va a dejar de reconocer "sus derechos concesionales".

La fiebre eléctrica que motivó la avalancha de peticiones de aprovechamientos tiene razones bien fundadas. La principal se llama rentabilidad. En 2004, el negocio llegó a generar 45 millones de euros. Una estación de tamaño medio precisa de una inversión de unos cuatro millones, mientras que el beneficio neto anual ronda el millón de euros. Si se tiene en cuenta que las concesiones son de unos 25 años, la inversión se puede amortizar en los cuatro primeros, para dejar un beneficio final superior a los 20 millones.

El negocio carece de incertidumbres, ya que las principales compañías eléctricas compran toda la energía producida. Las inversiones se benefician además de las subvenciones que corresponden por ley al kilovatio hidráulico.

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