El lío histórico de la deuda
Una tasadora privada fijará finalmente los bienes con los que pagará el Estado
Si existe un concepto político manoseado en Andalucía, utilizado hasta la saciedad de arma arrojadiza por todo el arco parlamentario, y de difícil comprensión por parte de los ciudadanos ese es el de "deuda histórica". O lo que es lo mismo, la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981. Esa disposición determinó en su día que los Presupuestos Generales del Estado debían consignar, "con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación", unas asignaciones complementarias para hacer frente a las circunstancias socioeconómicas en las que Andalucía accedió a su autonomía.
Pues bien, tras años de reivindicación, y cuando el pasado jueves 26 de noviembre la consejera andaluza de Economía, Carmen Martínez Aguayo, estrechaba la mano del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, en señal de acuerdo definitivo, el método de pago elegido por culpa de la maldita crisis ha vuelto a dilatar la solución final.
Agesa tiene un patrimonio neto de 150 millones y mueve 9,5 al año
Resulta que el acuerdo alcanzado en Madrid sólo sirvió para fijar "la cuantía", y establecer un listado de bienes que aún no es definitivo. Es decir, para hacer la resta de los dineros ya pagados -420,20 millones de euros- y la cuantía total de la deuda: 1.204,41. Y por tanto, para saber que quedaban por satisfacer 784,21 millones de euros. Dicho en la moneda de 1981, 130.481 millones de las antiguas pesetas.
Funcionarios y cargos públicos de la Junta ultiman durante este puente de la Constitución la evaluación y valoración de los 18 solares comprometidos por el Estado y de la Sociedad Estatal Agesa, incluida como dación de pago de esos 784,2 millones.
Y la primera cuestión es saber cómo la Junta va a valorar esos bienes. En primer lugar, Agesa tiene un balance de situación a 31 de diciembre de 2008, auditado por Ernst & Young, de 155 millones de euros y un patrimonio neto de 150,9 millones de euros. La sociedad obtuvo en 2008, 6,7 millones de euros de beneficios y tuvo un volumen de negocio de 9,5 millones. El valor contable neto del inmovilizado material de la empresa (edificios, parcelas, parcelas con derechos de superficie, etc.) es de 89,5 millones de euros. Si embargo, la consejera Carmen Martínez-Aguayo declaró en Madrid que el valor de la empresa superaba los 300 millones de euros, por lo que deberá realizarse una tasación de la sociedad estatal para consignar una cantidad definitiva como parte de la deuda.
Un segundo tema es la valoración de los 18 solares cedidos por el Estado, y su conversión de dinero "contante y sonante" para hacer frente a las actuaciones previstas en el Presupuesto de Andalucía para 2010 con cargo al ingreso previsto de la citada deuda.
Resulta que gran parte de los suelos hasta ahora analizados se encuentran en zona protegida y, por tanto, no urbanizable, por lo que su valor de cambio por dinero es bastante discutible. La Junta realizará su valoración y una reunión de la subcomisión Junta-Estado establecerá si existe o no acuerdo entre administraciones.
Fuentes de la Junta han indicado que, por la experiencia adquirida en numerosos casos de traspasos de competencias, será con toda seguridad una empresa de tasaciones privada la que determine el valor final de los bienes.
"Es una lista abierta", han insistido estos días desde distintas instancias andaluzas, para indicar que hasta que la valoración de los bienes no coincida con la mágica cifra de 784,21 millones no se cerrará el acuerdo.
Pero el desenlace final de este embrollo no estará resuelto todavía cuando se haga coincidir suelo y dinero y se firme el finiquito, que deberá ser antes del día de San José. El 19 de marzo es viernes y festivo y la fecha tope para firmar el acuerdo es el 20, sábado, como marca el Estatuto andaluz.
Quedará entonces la adscripción de los solares a una sociedad patrimonial andaluza, que pudiera ser EPSA, la propia Agesa, o la recién creada Sogefinpa, Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, a través de la cual la Junta pretende canalizar, entre 2010 y 2020, inversiones por valor de 6.000 millones de euros mediante la colaboración público-privada. La firma elegida deberá aportar a las arcas andaluzas el dinero equivalente al valor de los solares, mediante la obtención de esos recursos vía endeudamiento. Sólo entonces, el lío de la "deuda histórica", será historia.
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