El Consell exige al Gobierno la nueva financiación que el PP quiere tumbar
Los populares intentaron derribar la reforma de la LOFCA en el Congreso y el Senado
"Todavía no hemos recibido una peseta". La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, dedicó ayer al victimismo una buena parte de su comparecencia tras el pleno del Ejecutivo autonómico. "Hace un año, el 24 de diciembre de 2008, el presidente Francisco Camps se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero, que le prometió una nueva financiación autonómica", explicó. "Aunque no la consideramos suficiente, la aceptamos. Pero todavía no sabemos cuándo la vamos a recibir". Acto seguido, la portavoz desmenuzó por áreas todas las discriminaciones que, en su opinión, ha cometido el Gobierno socialista con la Comunidad Valenciana en los presupuestos para 2010, lo que suma 217 millones menos en inversiones, según sus cálculos.
Preguntada sobre la contradicción de que el Consell exija ya el dinero de una nueva financiación cuyos fondos han de surgir de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), actualmente en debate en las Cortes Generales, que el PP ha tratado de tumbar, Sánchez de León respondió: "El trámite parlamentario debe seguir su curso. Eso afecta al PP y no a la Comunidad Valenciana. El trámite parlamentario y la financiación son cuestiones independientes. Sobre el debate parlamentario no puedo opinar".
El hecho es que tanto en el Congreso como en el Senado, el PP ha intentado frustrar la reforma de la LOFCA. En el Congreso, la portavoz popular Soraya Sáenz de Santamaría presentó una enmienda de devolución al Gobierno y otra de supresión del artículo único del proyecto de ley, además de otras parciales. En el Senado, el PP sumó sus fuerzas con Convergència i Unió y el Bloque Nacionalista Galego para vetar el proyecto, pero no lo logró por un solo voto. El senador valenciano Pedro Agramunt acusó por ello a la nueva senadora autonómica, la socialista Leire Pajín , de "ignorar a la Comunidad Valenciana" por apoyar una ley "que contempla la discriminación entre territorios". El Consell, mientras tanto, reclama ya el dinero.
Por otra parte, el DOCV publicó ayer 14 modificaciones de crédito que afectan a 123 millones de euros. En su mayoría, corresponden a alzas en los ingresos por transferencias de fondos procedentes del Estado o de la Unión Europea. Entre los movimientos destaca una inyección de cuatro millones de euros al Circuito del Motor de Cheste. Los de mayor calibre son aportaciones del Estado con destino finalista como 12,2 millones de euros para garantizar la gratuidad de los libros de texto. Hay dos movimientos que revelan la morosidad del Consell. La Consejería de Cultura altera el destino de 2,5 millones de euros y el Servef de otros 1,4 millones para cubrir, entre otras cosas, "obligaciones pendientes del pasado ejercicio presupuestario". La primera se acordó el 31 de julio y la segunda, el 31 de agosto.
Menú a la carta en el Constitucional
Además de aprobar un anteproyecto de Ley de Administración Electrónica que va aparejado a un plan dotado con 15 millones de euros para la expansión de la banda ancha de Internet a seis megas de velocidad, el Consell hizo, con motivo de la celebración del Día la Constitución, una declaración en el sentido de que ésta no puede ser modificada por la vía de la "presión" o el "chantaje", y reivindicó las competencias del Tribunal Constiucional, "sin ningún matiz y sin ninguna excepción". La portavoz, Paula Sánchez de León, al dar a conocer la reflexión del Consell, criticó que "determinadas manifestaciones y presiones están tratando de laminar" la "fortaleza" de la Constitución y elogió un modelo básico de convivencia que "no puede ser en ningún caso entendido como un menú a la carta por determinados partidos o por un territorio concreto". "Cualquiera sabe que una cosa es un modelo de Estatuto autonomista, y otra cosa es un Estatuto que vulnere la Constitución", señaló Sánchez de León, que negó estar aludiendo concretamente a Cataluña o al editorial que publicaron varios periódicos catalanes sobre el Estatuto. Sobre la deslegitimación del Tribunal Constitucional por el hecho de varios de sus miembros no hayan sido sustituidos cuando tocaba, la consejera dijo que una cosa es la renovación de los órganos y otra la defensa del papel del Constitucional.
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