El Supremo salda con una multa un caso de brutalidad policial
Tres agentes de paisano dieron una paliza a un motorista al que confundieron con un sicario colombiano
"Soy español y cocinero, no soy colombiano", gritaba José Ignacio Jiménez mientras le llovían golpes por todas partes. Tres individuos de paisano se le habían echado encima con su coche cuando Jiménez circulaba por Madrid en su ciclomotor a la una de la madrugada, le habían derribado de la moto golpeando su cuerpo contra el suelo, se bajaron y le redujeron golpeándole "con gran violencia".
Llevaban armas de fuego y le seguían golpeando mientras le preguntaban si era colombiano. Pensaba que le iban a secuestrar o a matar, pero insistía en que era español y cocinero, daba el domicilio donde vivía y sacaba su carné de identidad para que lo comprobaran. Todo en vano. Le metieron en el coche, atrás, entre dos individuos, mientras el tercero conducía. Por fin le identificaron con el carné y sólo entonces, los tres policías vieron su error.
"Soy español y cocinero", gritó la víctima mientras le pegaban
Sus superiores les habían ordenado que estuviesen atentos al paso de una motocicleta en la que iba a pasar un sicario colombiano que se dirigía a matar a un secuestrado, en un ajuste de cuentas por un caso de narcotráfico.
Pero el que pasó en su ciclomotor fue José Ignacio Jiménez y el error policial trocó su regreso a casa después del trabajo en una noche de terror.
Cuando se percataron de que había dicho la verdad, le dijeron que se bajara del coche, pero entonces llegó el jefe del operativo y, al verlo sangrando, ordenó que lo llevasen a un centro médico. Así que, en vez de dejarle en libertad, le obligaron a ir con ellos pese a que no quería. En el hospital le negaron un móvil para llamar a su familia, pues el suyo se lo habían roto.
La Audiencia de Madrid condenó a cada uno de los tres policías a tres años de cárcel por lesiones y detención ilegal. El Supremo ha entendido que las lesiones, por las que Jiménez estuvo impedido 21 días, no fueron delito, sino falta, y que la detención ilegal no existió. El Supremo ha reducido las penas a 1.200 euros de multa a cada policía.
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