Se despeja el horizonte

Al menos en el terreno de la financiación autonómica, el horizonte parece que se despeja. El martes pasado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defendió ante el pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley aprobada por la Asamblea de la comunidad, por la que se pretendía que se añadiera el criterio de "equidad" a los criterios aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el nuevo modelo de financiación, argumentando que, tras la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía, "se podían crear desequilibrios económicos en nuestra organización territorial que requieren una urgente corrección". La proposición fue interpretada por todos los grupos parlamentarios como un paso más en la estrategia diseñada por el PP contra la reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña, aunque formalmente no se presentara como tal. De "un torpedo más contra la línea de flotación del Estatuto de Cataluña", la calificó el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre. De "cruzada anticatalana", la (des)calificó Gaspar Llamazares. Al final, el pleno del Congreso rechazó la proposición, que solamente obtuvo el voto de los parlamentarios del grupo popular.

Al día siguiente, el Pleno del Senado no hizo suyo el veto al texto de reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas que había sido aprobado en comisión, quedando de esta manera prácticamente aprobado de manera definitiva el texto que salió del Congreso de los Diputados. Debe subrayarse, en todo caso, que en el Senado el grupo parlamentario popular no tuvo inconveniente alguno en votar conjuntamente con CiU y BNG, a pesar de que sus posiciones, en especial en lo que a financiación se refiere, están completamente enfrentadas.

El nuevo modelo de articulación del Estado Autonómico que contemplan las reformas estatutarias ya aprobadas y las que están en curso de aprobación, como las de Extremadura y Castilla-La Mancha, sigue abriéndose camino, a pesar de las numerosas emboscadas a las que está siendo sometido. Lo ocurrido esta semana en el Congreso y en el Senado es muy importante, ya que el momento de la financiación es en buena medida un resumen cifrado del ejercicio del derecho a la autonomía que en los estatutos se definen. Se trata, además, de pasos en un terreno, que, precisamente por su tangibilidad, tienden a crear situaciones fácticas que después resultan muy difícilmente reversibles.

Hubiera sido deseable que el nuevo modelo de financiación hubiera sido aprobado de otra manera, pero, como dice el refrán, no se le pueden pedir peras al olmo y bien está lo que bien acaba. El nuevo modelo de financiación no tuvo ningún voto en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ninguna comunidad autónoma ha decidido quedarse fuera del mismo, a pesar de que después se hayan opuesto de manera radical en la fase de su tramitación parlamentaria. Como ha ocurrido en otros momentos de esta legislatura, las autoridades autonómicas y municipales del PP, dicen no a todo, pero no presentan ninguna alternativa y, sobre todo, cogen siempre el dinero.

A pesar del enorme ruido que se ha generado en estos últimos años en torno a la financiación, el nuevo modelo se ha ido abriendo camino, sin que nadie haya podido argumentar de manera objetiva y razonable que dicho modelo carece de la imparcialidad territorial exigible. En poco tiempo todos los incidentes que han jalonado el proceso de génesis de la financiación del Estado Autonómico se habrán olvidado y se habrá dado un paso más en la consolidación de la estructura descentralizada del Estado. Y esto es lo que, en última instancia, importa.