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Reportaje:Primer plano

Aún queda camino por recorrer

La Ley de Economía Sostenible es el primer paso hacia un nuevo modelo productivo

Al fin. Año y medio después de entrar en la peor recesión de la democracia y con un millón y medio de parados más que al comienzo de la legislatura, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció el viernes una batería de medidas con las que pretende acelerar la salida de la crisis e impulsar un nuevo modelo crecimiento de aquí al año 2020. ¿Contiene la Ley de Economía Sostenible las reformas que economistas, organismos internacionales y medios de comunicación especializados consideran imprescindibles para modernizar la economía española? ¿Son suficientes esas medidas para estimular la actividad en sectores más productivos e innovadores? La mayoría de los expertos consultados por Negocios opinan que se trata de un importante primer paso, pero advierten de que, para alcanzar objetivos tan ambiciosos, son imprescindibles actuaciones de mayor calado.

Los expertos reclaman actuaciones de mayor calado

Luis Garicano: "Mi valoración es más positiva de lo que esperaba"

España está obligada a cambiar, ya no puede rivalizar en costes

El gasto en I+D es apenas el 1,2% del PIB, frente al 2,3% de la OCDE

Se hace imprescindible dirigir recursos a nuevas actividades

Muchos empleos en la construcción se han perdido para siempre

"El problema más grave es la falta de formación juvenil", dice Garicano

Imprescindibles las tecnologías de la comunicación y los idiomas

"Esta Ley es una especie de cajón de sastre en el que la mayoría de las medidas son de corto alcance", afirma Juan José Toribio, director del IESE en Madrid. "Es imposible no estar de acuerdo con ellas, pero no constituyen una reforma estructural seria". Toribio echa de menos "una auténtica voluntad reformadora" por parte del Ejecutivo y cuestiona que en el capítulo financiero de la nueva norma se ponga el énfasis en un aspecto llamativo como es la transparencia en la retribución de los directivos y no en cuestiones urgentes como la reforma de las cajas de ahorros y el saneamiento de los balances bancarios.

Rafael Pampillón, del Instituto de Empresa (IE), está de acuerdo. Se declara "favorablemente sorprendido" por la iniciativa del Gobierno porque aborda asuntos fundamentales como la tecnología, la innovación, las patentes y la formación profesional, pero echa en falta un plan específico para reducir la deuda pública y equilibrar las cuentas del Estado.

"Me ha dejado algo frío", afirma Bosco Ojeda, analista jefe de UBS en España. "Esperaba algo más incisivo. El proyecto no va al fondo de los problemas estructurales". Ojeda echa de menos un mayor esfuerzo para aumentar la competitividad de la economía española y fomentar las exportaciones, pero sobre todo le hubiera gustado ver medidas para ayudar a la recapitalización de la banca y facilitar que vuelva a fluir el crédito, algo esencial para que la economía española retome el aliento.

Mauro Guillén, catedrático de la escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, cree que la ley tendrá efectos positivos, pero que no será suficiente a largo plazo porque lo necesario ahora mismo es, precisamente, dinamizar el conjunto de la economía. "Creo que la opinión pública y los dos partidos mayoritarios no tienen una idea clara de la magnitud del problema al que nos enfrentamos", opina Guillén. "El discurso político se centra en la salida de la crisis, asumiendo una perspectiva coyuntural, cuando los problemas de la economía española son estructurales y muy graves".

Tano Santos, catedrático de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, opina de manera parecida: "La filosofía general del Gobierno en esta crisis ha ido encaminada más a medidas marginales que a una reforma profunda del marco legal que permita a la economía encontrar una senda de crecimiento más sana, y esta ley no parece sino continuar con esta filosofía". En su opinión, ello se debe a que "hay una cierta resistencia por parte del Gobierno a admitir que el shock que esta crisis representa para la economía española es más permanente que transitorio y que, por tanto, las medidas no pueden ser transitorias".

Luis Garicano, catedrático de la London School of Economics (LSE), discrepa de la mayoría de sus colegas y elogia la iniciativa del Gobierno. "Mi valoración es más positiva de lo que esperaba, y estoy sorprendido. Yo diría que es un modesto primer paso adelante en la implementación de reformas estructurales y que promete ser el principio -si lo de la "estrategia de economía sostenible" va en serio- de un cambio más en profundidad". Garicano sí cree que la ley ayudará a cambiar el modelo productivo español, especialmente si se ponen en marcha las demás normas prometidas por el Gobierno para reformar la justicia y el empleo, aspectos que quedaron fuera del proyecto presentado el viernes por la vicepresidenta Elena Salgado y que José Luis Rodríguez Zapatero abordará el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados.

También ve el vaso medio lleno Xavier Segura, jefe del servicio de Estudios de Caixa Catalunya. "La iniciativa me parece bien en la medida en que es un compendio de todo lo que llevamos diciendo muchos años sobre el agotamiento de nuestro modelo productivo", afirma Segura, quien subraya que para impulsar uno nuevo será esencial la complicidad de los empresarios y el resto de la sociedad.

Hay un extremo en el que todos los expertos están de acuerdo: España está obligada a cambiar. Su economía ya no puede rivalizar en costes con los grandes países emergentes como China, India y Brasil, ni con sus socios europeos del Este, que hoy fabrican más barato los productos que antaño llevaban el sello made in Spain. Santos, de la Universidad de Columbia, critica que el Gobierno no se haya atrevido a agarrar el toro por los cuernos. "Esta ley da la impresión de que se están haciendo cosas, cuando se están haciendo pocas de sustancia y por tanto puede generar una complacencia nociva", afirma. "Uno tiene la impresión de que nuestro Gobierno sigue a la espera de que una recuperación del comercio internacional nos saque de esta crisis y que le ahorre el coste político de una verdadera reforma del marco legal en el que opera nuestra economía".

Luis Garicano coincide en que el proyecto de ley no es un plan con "todo el coraje político necesario en estos momentos", pero subraya, a renglón seguido, que contiene medidas que van en la dirección correcta. "Podría ser el principio de un impulso reformista, de buen gobierno y de reforma estructural que le hace muchísima falta al país", afirma el profesor de la LSE.

Para algunos, la ley nace viciada, pues opinan que no corresponde al Gobierno, sino a la iniciativa privada, llevar la delantera en todo este asunto. "El cambio de modelo lo tienen que hacer los empresarios que quieran invertir en sectores de futuro", opina Rafael Pampillón. "Y lo que necesita el empresario es confianza, con cambios importantes en el mercado de trabajo que no se abordan". El profesor del IE sostiene que la necesaria mejora de la productividad pasa por reducir los costes del trabajo y una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Es en el terreno de la I+D en el que España lleva más desventaja con respecto a sus socios europeos más prósperos. "Gastamos más en loterías que en I+D, el doble para ser exactos. Así no podemos competir en la economía global del siglo XXI", afirma Mauro Guillén, quien recuerda que el Gobierno acaba de recortar el gasto en estas partidas en los Presupuestos Generales del Estado para afrontar el déficit. "Si la Ley de Sostenibilidad aumenta los recursos destinados a educación e investigación, entonces tendremos oportunidad de competir. De lo contrario, España entrará en un período de declive relativo. Creo que esto no lo entiende ninguno de los dos partidos mayoritarios", dice el profesor de la Universidad de Pensilvania.

Aunque España ha aumentado el gasto en investigación y desarrollo en los últimos años, éste constituye aún el 1,3% del PIB, comparado con la media del 2,3% en los países de la OCDE. Para no perder este tren, España deberá seguir el ejemplo de países como Suecia, Finlandia, Suiza, Corea del Sur o Japón, que apostaron hace años por la tecnología, la formación, la flexibilidad y que invierten más del 3% de su PIB en I+D.

María Fernanda Viecens, investigadora de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), subraya que España está "en una clara desventaja" en relación al resto de Europa y otros países desarrollados en redes de telecomunicaciones de nueva generación, un pilar básico para extender el uso de las nuevas tecnologías y fomentar la productividad, la eficiencia y la innovación en las empresas. El número de conexiones a Internet de banda ancha en España sigue en aumento, (hoy llega a 7,3 millones de hogares), pero la penetración de esa vía de conexión aún está por debajo de la media europea, con 19,8 accesos por cada cien habitantes, frente a los 21,7 de promedio en la UE.

"Telefónica no está invirtiendo, y por parte del Gobierno no se ha visto hasta el momento una estrategia centralizada y coordinada para promover el despliegue, a diferencia de lo que se observa en países como Francia, Reino Unido, EE UU, Holanda, etc", dice Viecens. "Además, las ofertas de precio/velocidad con que contamos, por ejemplo, en Madrid son realmente muy pobres si las comparamos con París, Londres o Lisboa, por citar algunas ciudades".Otra coincidencia entre los expertos: España debe aprovechar lo que tiene y crecer apoyándose en sus mejores virtudes. Capaz de lo mejor y de lo peor, de combinar chapuzas al estilo Pepe Gotera y Otilio con los mejores cocineros y deportistas del mundo, España tiene escuelas de negocios de primer nivel y es líder, entre otros sectores, en energías renovables, banca comercial, transformación de alimentos, máquina-herramienta y gestión de infraestructuras. Para erradicar un modelo productivo dependiente del ladrillo, que ha llegado a suponer más del 10% del PIB, se hace imprescindible redirigir recursos hacia nuevas actividades y aumentar la productividad en los tradicionales, como el turismo o la fabricación de automóviles, que seguirán siendo pilares básicos de la economía española.

Otro punto flaco es la competitividad. España figura en el puesto 33º de 134 países en el último Índice de Competitividad Global que publica anualmente el Foro de Davos, que analiza anualmente a 134 países. Y el IMD World Competitiveness Center de Lausana (Suiza) coloca a España en el 39 de 57, por detrás de Portugal o la República Checa.

A diferencia de otros países, en los que el estallido de la burbuja inmobiliaria no ha sido tan devastador, casi un millón de españoles e inmigrantes que trabajaron en la construcción durante la última década tendrán que buscar empleo en otros sectores. Sus puestos de trabajo han desaparecido para siempre. Uno de los objetivos de la Ley de Economía Sostenible es precisamente apoyar el tránsito de actividades y mercados más maduros, como el ladrillo, hacia los que tienen mayor potencial de crecimiento, y a la vez facilitar la creación de empresas y mejorar el ambiente para hacer negocios. A Xavier Segura, de Caixa Catalunya, le hubiera gustado que el proyecto de ley hubiera puesto más énfasis en planes de infraestructuras. Juan José Toribio elogia las medidas para acortar el tiempo y el coste para fundar una empresa, pero las considera insuficientes. Recomienda seguir el ejemplo de EE UU, donde se puede hacer por Internet en 15 segundos.

Como recientemente sostenía José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, es imprescindible reorientar el tejido productivo español hacia la demanda externa. En esta carrera, España parte con un serio hándicap. Su tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas que tienen muy difícil ofrecer a sus empleados la formación en nuevas tecnologías que, gracias a sus economías de escala, sí proporcionan las grandes, y aumentar su capacidad exportadora.

La formación de la mano de obra es esencial para que se consolide un nuevo modelo productivo, y España tiene mucho camino por recorrer en este terreno para ponerse a la altura de sus competidores. Sin distinción de color político, Gobierno y oposición han sido incapaces de alcanzar un pacto de Estado sobre educación en las últimas tres décadas. España supera a todos los países de la OCDE en fracaso escolar. Cuatro de cada diez jóvenes españoles han repetido curso en los últimos 15 años.

Para cambiar la situación, la Ley de Economía Sostenible busca promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y del aprendizaje de idiomas, así como aumentar la concesión de becas y préstamos para mejorar la formación. Las medidas anunciadas el viernes por la vicepresidenta Salgado responden a las recomendaciones de la OCDE, partidaria de facilitar el paso de la formación profesional de grado medio al grado superior.

Luis Garicano elogia la iniciativa. "Esto puede empezar a resolver el problema más grave de nuestro país: la falta de formación de un segmento muy importante de la población. El 41% de los jóvenes entre 25 y 35 años no tienen secundaria ni Formación Profesional terminada. No hay encaje posible en la economía global del conocimiento sin resolver urgentemente este problema".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 29 de noviembre de 2009