Grau oculta quién gestiona la televisión de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia guarda un mutismo absoluto en torno a quién está detrás de 123 Comunicaciones, SL, nuevo gestor de la Televisión Municipal de Valencia (Tmva).

El consejo de administración del canal autorizó hace una semana, con los votos a favor de los consejeros del PP, un cambio accionarial en la sociedad concesionaria de la televisión después de que el empresario José Luis Ulibarri -imputado por el juez Garzón en el caso Gürtel- vendiese su participación del 84,8%.

En la oposición, los socialistas intentaron sin éxito que el teniente de alcalde, Alfonso Grau -consejero de Tmva, presentase al consejo un informe que avalase la solvencia técnica y económica de la nueva empresa. Grau no facilitó ningún dato, dijo el edil socialista Juan Soto, que ayer pidió que se anule esta autorización porque es "ilegal". "Nos pidieron un acto de fe, cuando está en juego la gestión del canal", agregó Soto sin descartar los juzgados.

El PSPV dice que se autorizó el cambio de socio sin acreditar su solvencia

El pliego de condiciones que rige el contrato de prestación de servicios de la Tmva "exige que el nuevo socio detalle los trabajos realizados, su plantilla y los medios técnicos de que dispone". Este trámite es exigible, según Soto, Soto, cuando cambia el accionista de referencia.

Ante la negativa de Grau a proporcionarles la información, los socialistas han recurrido a los registros públicos para conocer la identidad de los accionistas de 123 Comunicaciones, SL, de constitución tan reciente que sus datos no son accesibles todavía. Han ido incluso a la notaría donde se hizo la operación, pero tampoco han conseguido nada.

Soto llevará el caso al pleno de mañana y solicitará que se anule la autorización. "O el equipo de gobierno conocía la identidad de los compradores y la ocultó al consejo, o realmente no sabía quiénes son, en cuyo caso tomó una decisión irresponsable y temeraria", dijo el edil.

Alfonso Grau replicó a la oposición: "Desde el punto de vista jurídico, lo planteado hoy [por ayer] por el señor Soto, carece de todo fundamento", dijo sin aportar más datos. Grau arremetió contra los socialistas por denunciar esta operación y no otras que tienen que ver con el grupo empresarial de Ulibarri.