La Junta inicia un plan alternativo para salvar Astilleros
La Administración intentará salvar activos antes del concurso judicial
La Junta ha puesto en marcha un denominado "plan B" para tratar de salvar la mayor parte de los activos de los Astilleros de Sevilla y Huelva, y sobre todo garantizar el mantenimiento del mayor número de empleos, antes de que ambas empresas, que arrastran más de 300 millones de euros de deuda, entren en una situación de concurso de acreedores y queden intervenidas judicialmente.
El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soles, indicó ayer que a la Junta se le "ha acabado la paciencia" con los propietarios de las atarazanas andaluzas, que no aceptan el plan industrial propuesto por la administración regional a través de la Agencia IDEA. El plan B, que no ha sido concretado, consiste en una serie de acciones de carácter interno y judicial para tratar de impedir que las deudas acaben con la intervención judicial, "lo que dificultaría enormemente la reconversión diseñada por IDEA", indicaron fuentes de la consejería.
"Estamos hablando con Pymar, el fondo de la Junta y el Gobierno central para avalar proyectos navales, para convertir esos avales en iniciativas empresariales", indicó Soler, quien insistió en la viabilidad del astillero sevillano y las posibilidades de reconversión del onubense.
La Junta mantiene desde hace tres meses contactos con armadores e inversores financieros para acometer un plan industrial en el Astillero de Sevilla que aproveche el potencial de ingeniería que posee. Asimismo, Innovación mantiene en cartera cuatro sociedades dispuestas a implantarse en Huelva para reconvertir el astillero onubense en un centro de mantenimiento, reparación, y construcción de barcos pequeños, así como la instalación de tres factorías vinculadas a los sectores de biotecnología, energías renovables y de la logística portuaria.
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