Abogar por el derecho en China

A casi todos nos interesaría una China lo más democrática posible, pero si, como parece más probable, va a seguir siendo una cultura política autoritaria, al menos, que esté crecientemente regida por la ley y el derecho, un objetivo asequible.

Ni China es democrática, ni va a serlo en esta generación: el Partido Comunista Chino, con 80 millones de afiliados, controla el país, nada importante puede intentarse al margen de su nomenklatura -compuesta por unas 2.500 personas- y nadie en su sano juicio puede predecir fundadamente si habrá o no varios partidos políticos en pugna electoral pacífica por el poder dentro de dos, 12 o 20 años.

Como mucho, sabemos que el vicepresidente actual, Xi Jinping, tiene bastantes números para suceder al presidente Hu Jintao en 2012 o 2013. Si democracia es institucionalización de la incertidumbre (Adam Przeworski), en China quedan todavía demasiadas incertidumbres sueltas.

Podemos centrarnos en un objetivo realista: que la ley y el derecho sean cada día más decisivos

Pero podemos centrarnos en el objetivo de que, en China, la ley y el derecho sean cada día más decisivos. Es más modesto, pero también más realista y, sobre todo, se deja medir bien: un sistema político, económico y cultural está regido por la ley si sus abogados son independientes, pueden denunciar públicamente al gobierno, litigar contra él y, de vez en cuando, ganar.

Hay buenos abogados en China, pero uno de los que han tenido más éxito no es tal de profesión. Hace pocos meses, Ai Weiwei, el diseñador del Nido de Pájaro para los Juegos Olímpicos de Beijing, organizó un grupo de voluntarios para investigar la trágica muerte de escolares chinos en el terremoto de Sichuan, en mayo de 2008.

En la ciudad de Juyuan una escuela, acaso mal construida por empresarios corruptos, se había derrumbado aplastando a centenares de niños. Cuando sus desesperados padres -China es el país del hijo único- protestaron contra los responsables políticos locales, la policía les hostigó hasta acallarlos. Entonces Ai Weiwei denunció públicamente el miserable origen humano del desastre y aunque, naturalmente, también le acosaron a él y a sus voluntarios, al final el resto del mundo acabó por enterarse del matonismo oficial para gran incomodidad de las élites chinas.

En un país cuyas exportaciones superan la tercera parte de su producto interior bruto, la luz entra por los resquicios de su economía y el cierre hermético deviene imposible.

Mi humilde test funciona bien en situaciones de crisis, pues permite medir la reacción del poder ante quienes sufren o protagonizan lo extraordinario. Típica es la amenaza a los abogados defensores de los acusados por causar disturbios con retirarles su licencia para ejercer la profesión.

Así sucedió en Tíbet, donde en 2008 hubo enfrentamientos entre chinos de la etnia han, dominante en China, y tibetanos de cultura budista. Típicas también son la celeridad y dureza de la reacción del aparato policial y judicial chinos, como ha sido el caso en relación con los desórdenes en Chinjiang, entre chinos han y uigures musulmanes, el pasado mes de julio. Ya hay dictadas nueve condenas a muerte.

China, como todos los Estados poderosos, aplica la pena capital. En 2008, reconoció 1.718 ejecuciones, aunque se cree que su número real es superior.

En el futuro, serán cruciales la mejora en la transparencia y la línea de tendencia: si en pocos años las cifras de ejecuciones caen, las cosas habrán mejorado tanto como pronunciado fuere el descenso. A ver.

Insisto en que los Estados dan su medida ante lo extraordinario. En la organización del magno desfile militar conmemorativo del sexagésimo aniversario de la República Popular China, el pasado primero de octubre, participaron 200.000 personas, muchas de ellas para sellar el centro de la ciudad, mientras las autoridades recomendaban vivamente a las gentes que se quedaran en casa y vieran el desfile por televisión. El abogado Xu Zhiyong fue temporal y preventivamente detenido y luego liberado, por si acaso se le hubiera ocurrido la idea de airear que la plaza de Tiananmen había conocido otras manifestaciones extrainstitucionales.

El Estado de derecho suele preceder al democrático, del que es condición necesaria. No sé si podemos comprar el argumento de los dirigentes chinos, según el cual, la armonía y la estabilidad -léase el autoritarismo despótico- son necesarios para mantener la paz en un país de 1.300 millones de habitantes. Aunque yo no me lo creo -India, por ejemplo, es una democracia-, tampoco quiero pecar de ingenuo.

Empecemos con la libertad de abogar públicamente contra las injusticias. En defensa de algunos, acaso de muchos. En interés de todos.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil en la Universitat Pompeu Fabra.