El Gobierno excluye la reforma de la LTH de sus compromisos legislativos

El Gobierno aprobará hoy en consejo el calendario legislativo para todo su mandato, que contendrá casi medio centenar de proyectos de ley. Con su envío inmediato al Parlamento recupera un hábito que el anterior Ejecutivo tripartito eliminó en la última legislatura.

Desde el punto de vista del desarrollo interno del autogobierno, el proyecto estrella será la Ley Municipal. En el ámbito interno del desarrollo autonómico, será el equivalente al traspaso por la Administración central de las competencias en políticas activas de empleo: Euskadi es la única comunidad autónoma que no tiene ni la una ni las otras. El Gobierno proyecta que sea uno de los primeros textos en entrar en la Cámara, en el primer período de sesiones de 2010. Su aprobación será un hito histórico, ya que lleva pendiente desde los inicios del autogobierno y su inexistencia mantiene sin cerrar la estructura institucional del país, en una cuestión de responsabilidad estrictamente doméstica. Constituirá también una importante prueba para la capacidad de consenso de los grupos, ya que la trascendencia de la norma obliga a un amplio entendimiento que implique al menos a los tres principales partidos, PNV, PSE y PP.

Los consejeros deberán informar cada seis meses de su cumplimiento

El listado que se aprobará hoy no incluye, sin embargo, la modificación de la Ley de Territorios Históricos, de 1983. Su revisión ha sido una reclamación permanente del PSE-EE desde la oposición, y un motivo de reproche al PNV por no abordarla. Tampoco el actual Ejecutivo parece encontrar ahora factible su reforma. De hecho, no la incluyó en su programa electoral, aunque abogó por abordarla en la ponencia política de su último congreso

La revisión de la Ley de Cajas de Ahorros es otro de los proyectos destacados, aunque no irá a la Cámara antes de 2011. El Gobierno se da así tiempo para analizar los cambios que se están produciendo en el sector y vencer las reticencias de los populares a la fusión de las cajas vascas, ya que la norma es necesaria para habilitarla. Las leyes de Publicidad y Comunicación institucional, de Gestión de Emergencias, de Vivienda o Juventud son otras de las que el Ejecutivo se comprometerá a llevar a la Cámara.

El Gobierno se plantea el calendario legislativo como un instrumento de planificación de prioridades, que, al mismo tiempo, facilite al Parlamento el seguimiento de su actividad legislativa desde esa fase temprana. El calendario legislativo reviste en este momento mayor importancia como referencia de control para la oposición, toda vez que el Ejecutivo no ha presentado un programa de gobierno por entender que, al tratarse de un equipo monocolor, el programa electoral del PSE-EE cumple esa función. El Gobierno también establece obligaciones sobre los propios consejeros: tendrán que enviar semestralmente a la Secretaría General de Coordinación un informe sobre el cumplimiento o retraso en sus compromisos legislativos.

El documento prevé que casi la mitad de los proyectos lleguen al Parlamento durante 2010. El resto se repartirá durante los dos periodos de sesiones del año siguiente y sólo unas pocas iniciativas quedarán para 2012. El primer texto que apruebe la Cámara será la modificación de la Ley del Menor, para suprimir la Defensoría específica creada por el anterior Gobierno, que se considera innecesaria e invasora de competencias del Ararteko. Entre los que quedarán para última hora estará la reforma de la Ley de la Función Pública, compleja por la implicación de otras instituciones y por el horizonte de unas elecciones forales y municipales que pueden variar el mapa institucional en 2011.

Si el Ejecutivo cumpliera las expectativas que se fija, la que termine en 2013 sería una de las legislaturas más productivas, cercana a la del arranque del autogobierno, entre 1980 y 1984, con Carlos Garaikoetxea como lehendakari: Durante esa etapa el Parlamento vasco dio salida a 53 leyes.