La oposición carga contra la política educativa
La política educativa del Consell, que el curso pasado llevó a un conflicto que se tradujo en una multitudinaria manifestación en Valencia y una huelga general de la enseñanza pública, entre otras protestas, fue impugnada ayer con contundencia por la oposición. Una moción de Compromís pel País Valencià, que defendió la diputada Mireia Mollà, instaba al Consell a negociar con la comunidad educativa un nuevo mapa escolar, las plantillas de los centros, las carencias materiales en Primaria y Secundaria, el respeto a la autonomía de los centros, la garantía del requisito lingüístico y otras reivindicaciones.
Mollà, que vio rechazada su moción por los votos del PP, encontró el apoyo de Esquerra Unida y de los socialistas, que abonaron sus argumentos. Marga Sanz, de Esquerra Unida, recordó, como había hecho la diputada de Compromís, las movilizaciones que jalonaron el curso pasado y señaló que "el próximo 1 de diciembre la comunidad educativa volverá a la calle", en alusión a las manifestaciones convocadas. Ana Noguera, del PSPV, le recordó a Camps que el diario del día que comenzó el curso llevaba en primera página el escándalo de corrupción que tiene paralizado al Consell y le recriminó el recorte indiscriminado que el área educativa ha sufrido en los Presupuestos de la Generalitat.
Por otra parte, la Plataforma per l'Ensenyament Públic retoma las movilizaciones del curso pasado y vuelve a pedir "la dimisión del consejero Alejandro Font de Mora". De entrada, el próximo 1 de diciembre hay programadas tres manifestaciones simultáneas en Castellón, Valencia y Alicante para reivindicar los famosos 13 puntos del Manifesto por la Enseñanza Pública. En ese manifiesto se reclaman desde un plan de construcciones escolares públicas de 0 a 3 años, hasta la catalogación lingüística de las plazas docentes de Secundaria o un plan de enseñanza multilingüe en inglés para el que requieren ya 300 plazas.
La Plataforma -integrada por los sindicatos STEPV, CC OO y UGT, la Confederación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya, la asociación de inspectores Adide y entidades como la Federació Escola Valenciana- protagonizó el curso pasado un pulso con el Consell tras el empeño del consejero Font de Mora de obligar a los institutos a dar la materia de Educación para la Ciudadanía en inglés. Tumbada en julio la orden valenciana por orden del Tribunal Superior de Justicia, la Plataforma considera que "este curso ha empezado con los mismos problemas con los que acabó el pasado".
